La Guardia Civil de Alicante está investigando la comercialización de cerca de cinco toneladas de pulpo caducado -4.460 kilos- por parte de cuatro empresas de Catral, Valencia y Castellón. La operación iniciada el pasado verano por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante ha permitido intervenir de forma cautelar 3.050 kilogramos que aún no habían sido vendidos, aunque 1.410 kilos ya habían sido distribuidos para el consumo humano. La mercancía llevaba caducada cerca de dos años y el valor final del pulpo en el mercado podría ascender a más de 20.000 euros.
El pulpo caducado fue descubierto por el Seprona de Alicante en una de las inspecciones que realizó con personal de la Inspección de Pesca de la Generalitat Valenciana. Acudieron a un comercio de venta de productos congelados de Catral y descubrieron irregularidades en las etiquetas externas de 850 kilos de pulpo congelado que tenían en el establecimiento.
Etiquetas diferentes
Según informó ayer la Comandancia, el pulpo procedía de Pakistán y había sido capturado en el Océano Índico. Al contrastar los agentes las etiquetas externas con las internas vieron que no coincidía ni la especie ni las empresas de importación.
Lo que en un principio se iba a tramitar por una infracción por falsedad en el etiquetado cambió de forma radical cuando comprobaron que el producto había sido congelado en 2015 y caducó en enero de 2017. La Guardia Civil detectó que recientemente ya habían distribuido 1.410 kilos en establecimientos de alimentación, con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores.
Los 850 kilos que aún no habían distribuido desde Catral fueron inmovilizados cautelarmente y las pesquisas sobre el lote de pulpo caducado permitieron descubrir que fue vendido por una empresa de Castellón y previamente por otras dos de Valencia. Por ello, se inspeccionaron las empresas y en una de Valencia localizaron e intervinieron otros 2.200 kilos de pulpo caducado hace casi dos años.
La Guardia Civil informó ayer de que continúa con las investigaciones para poder determinar el origen y circunstancias de estos productos, pudiendo constituir infracciones en materia de trazabilidad de productos pesqueros, así como en materia de sanidad alimentaria. Además se investiga si, una vez se reciba el informe final de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, estos hechos constituyen delito contra la salud pública y de falsedad documental.
