La Policía Nacional ha detenido a trece nigerianos y dos colombianas en una operación llevada a cabo en Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria en la que ha liberado a cinco jóvenes naturales de Nigeria, una de ellas con un bebé fruto de la violación que sufrió durante su periplo por África tras ser captada.

Ocho arrestos se han efectuado en Palma, donde han sido liberadas tres de las víctimas, mientras que se ha conseguido la liberación de otras dos jóvenes nigerianas explotadas en Las Palmas. Las dos colombianas han sido detenidas en Las Palmas y la operación se ha completado con cinco arrestados en Alicante, mientras la autoridad judicial ha decretado prisión para los cinco presuntos cabecillas de la red.

La organización contaba con miembros activos en Libia y Nigeria, lugares de paso obligado en la ruta africana que estas organizaciones usan para trasladar a las víctimas que captaban en la localidad nigeriana de Benin City entre las jóvenes de los estratos sociales y económicos más bajos a las que prometían que las llevaban a Europa para trabajar.

Las víctimas eran obligadas a pagar una deuda que ascendía a 35.000 euros y las sometían a rituales de vudú bajo la amenaza de sufrir graves consecuencias tanto ellas como sus familiares en Nigeria si se atrevían a denunciar a sus explotadores.

Tras ser captadas las jóvenes atravesaron a lo largo de cinco meses Nigeria, Níger y Libia por una ruta terrestre con desiertos.

Una vez en Libia fueron internadas más de dos meses en campamentos a la espera de ser llamadas por otro miembro de la organización que les gestionaba el pase a Europa en patera hasta Italia, donde eran alojadas en condiciones penosas en pisos de la organización a la espera de ser llevadas a España a finales de 2016.

En rueda de prensa el jefe de Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional, José Nieto, explicó ayer que al llegar a Madrid eran nuevamente sometidas a rituales de vudú y luego las llevaban a zonas de prostitución callejera de diferentes ciudades para que no les diera tiempo a encariñarse de ningún cliente y evitar así denuncias. De esta forma desde Madrid eran llevadas sucesivamente a Alicante, Palma y Las Palmas para que ejercieran la prostitución y en la capital canaria eran controladas por las dos mujeres colombianas detenidas.

Los explotadores les imponían largas jornadas de esclavitud sexual hasta altas horas de la madrugada y en condiciones higiénico-sanitarias deplorables y las obligaban a entregar todo el dinero que obtenían de la prostitución en la calle.

Organizaciones no gubernamentales especializadas se han hecho caro de las víctimas para enseñarlas a hablar español y alguna actividad profesional.