El exadministrador de la promotora del rascacielos In Tempo de Benidorm, Isidro Boronat, negó ayer haber intentado estafar a sus dos socios en el proyecto intentando cobrar trabajos inexistentes en la estructura del edificio. El juicio por esta querella entre los socios del que pusieron en marcha las obras del edificio residencial más alto de Europa arrancó ayer en la Audiencia Provincial. Boronat defendió la realidad de los trabajos y achacó la querella a una venganza de su socio principal, el promotor José Ignacio de la Serna, que no le perdonó que negociara a sus espaldas con un grupo de inversores chinos para hacerse cargo del proyecto cuando la situación económica era insostenible. La querella se presentó en octubre de 2013 por José Ignacio de la Serna, accionista mayoritario de Olga Urbana y ya fallecido, así como el yerno de éste Javier Frías.

La Fiscalía reclama provisionalmente penas que suman cerca de tres años de prisión para Boronat y para el administrador de la empresa que hizo la estructura del edificio, Kono Estructuras SL, por delitos de estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. Los responsables de Konos y Olga Urbana eran los mismos, aunque Boronat era socio mayoritario de la primera. La mercantil se creó por los trabajadores de la anterior mercantil que se encargaba de la estructura, Aliben, cuando ésta entró en concurso de acreedores.

Control de los pagos

La acusación se basa en el hecho de que Boronat y Konos presentaron a Olga Urbana un certificado de deuda de 1.037.050 euros en octubre de 2012 por trabajos realizados en la estructura del edificio. Este certificado se presentó al cobro a pesar de que en junio de ese mismo año se firmó el finiquito de fin de obra en el que estos conceptos no aparecían. Las obras estaban siendo financiadas por Nova Caixa Galicia que impuso un férreo control sobre las cuentas del proyecto y encargó a la mercantil Suasor la supervisión de los pagos a proveedores. Las dudas de Suasor a estas facturas justificaron la querella. Se da la circunstancia de que esta deuda a Konos está reconocida en el concurso de acreedores que se tramita en el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, motivo por el que la defensas consideran imprescindible que la administradora concursal declare como testigo.

Boronat aseguró ayer que no intervino en dichos finiquitos y que en el momento en que se firmaron todavía quedaban trabajos pendientes en la estructura del edificio. «Hay entregas de hormigón posteriores a las del finiquito y en esos días se trabajó. El hormigón necesita un mínimo de 28 días para fraguar», explicó. Según dijo, la firma del finiquito fue lo que se planteó para que los trabajadores pudieran cobrar, que llevaban tres meses sin hacerlo.

En el banquillo se sienta también el que era administrador de Konos cuando ocurrieron los hechos, Juan Yancovich, que afirmó que su nombramiento era testimonial y desconocía la realidad de la empresa. «Firmé el finiquito porque así me lo ordenó De la Serna, aunque sabía que había cosas por pagar. Yo expresé mis dudas sobre si esto me iba a traer repercusiones legales y me dijeron que no me preocupara» dijo.

Por su parte, ayer declaró como testigo la anterior responsable de Konos, María del Carmen Mascaró, que señaló que el objetivo de Suasor era acabar cuánto antes y que sólo se pagara lo justo y necesario, como los materiales, dejando de lado otros gastos también necesarios, desde sueldo de operarios, alquileres y materiales auxiliares.