La Conselleria de Justicia culminará el año que viene la implantación de las oficinas de atención a las víctimas del delito en la provincia de Alicante con la puesta en marcha de estos puntos en los juzgados de Ibi, Villena, La Vila Joiosa y San Vicente del Raspeig. De esta manera, el gobierno autonómico contará con una de estas oficinas en la totalidad de los partidos judiciales de la Comunidad Valenciana. El anuncio lo realizó ayer el presidente de la Generalitat Ximo Puig durante la visita a las dependencias de este servicio en los juzgados de Alicante, recientemente reformadas, y en la que estuvo acompañada por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo y representantes de la judicatura, la Fiscalía y profesionales del Derecho.

El nuevo modelo de estas oficinas se puso en marcha el pasado mes de febrero para ofrecer un servicio de asistencia integral a las víctimas del delito, que no solo abarca el asesoramiento jurídico, sino también en el ámbito psicológico y social. «Estas oficinas no son solo un instrumento frío ante cualquier delito, sino un apoyo efectivo, moral, ético y humano para las personas que se han visto violentadas», dijo. El objetivo final es que todas las víctimas reciban la misma atención en sus juzgados, con independencia de la zona en la que se encuentren.

Durante estos seis meses, las oficinas de la provincia de Alicante han tramitado 2.711 expedientes en la provincia de Alicante, con una media de 14 diarios. Las cifras indican que se van a superar los datos del año anterior, donde se tramitó 3.168 durante todo el 2017. El 85% de los usuarios de estas oficinas han sido mujeres y cerca del 60% de los asuntos han estado relacionados con la violencia de género. Desde las dependencias, se ha intervenido en un total de 1.123 órdenes de protección.

La consellera de Justicia aseguró que el modelo que se estaba poniendo en marcha en toda la Comunidad Valenciana es «pionero» en España y ha sido una «prioridad» para la elaboración de los presupuestos. La oficina no solo se ha reformado, sino que se ha incrementado el personal y hay nueve de estos puntos en marcha ya en distintos partidos judiciales de la provincia. Uno de los retos para estas dependencias es potenciar la coordinación con las Fuerzas de Seguridad, una vez que ya se ha conseguido esto con los juzgados y con la Fiscalía, explicó Gabriela Bravo durante la comparecencia.