Agentes de la Guardia Civil declararon ayer durante el juicio por la presunta estafa de Autisa que los responsables de la mercantil alteraron los bastidores de varios camiones para ocultar a sus acreedores que los habían exportado a Dubái. Las declaraciones de los investigadores marcaron ayer la tercera jornada por esta presunta estafa entre mercantiles y que llegó a formar parte del sumario del caso Brugal. Entre los acusados se encuentran los empresarios Rafael y José Vicente Gregory, Ángel Fenoll y otras doce personas.
«La documentación de Aduanas nos decía que los camiones estaban en Dubái, pero en Tráfico constaban como que seguían en el país y hasta habían pasado la ITV», explicó ayer en la Audiencia, el capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevó la investigación. El funcionario señaló que sus conclusiones son que los acusados usaron modelos similares a los camiones desviados, les alteraron el número de bastidor para simular que eran los que se encontraban en Dubái.
El objetivo era hacer creer en la auditoría que iba a hacerles su principal acreedor, VFS la financiera del grupo Renault, que los vehículos seguían en España, ya que los acuerdos que tenían firmados con ellos les impedían venderlos. Pasada la revisión, los acusados volvieron a poner los números originales.
Los funcionarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional que investigaron a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory por el presunto alzamiento de bienes en la empresa Autisa relataron ayer en la Audiencia los métodos supuestamente utilizados por los implicados para burlar a sus acreedores y hacer desaparecer su patrimonio. Durante varios meses los dos cuerpos policiales investigaron por separado las presuntas irregularidades en la mercantil Autisa, aunque las pesquisas se acabaron poniendo en común y los agentes de la Benemérita completaron su trabajo con el contenido que les llegó de las conversaciones telefónicas intervenidas durante el caso Brugal.
Protestas
El hecho de que ayer fueran a declarar agentes de las Fuerzas de Seguridad sobre sus pesquisas provocó la protesta de las defensas que incidieron en que buena parte de dicha investigación se basó en los pinchazos de Brugal cuya nulidad pidieron en el primer día del juicio. La presunta estafa de Autisa se dividió en varias piezas separadas y en la vista oral que se celebra estos días en la Sección Segunda se juzga el presunto alzamiento de bienes en el grupo de empresas. Otra sección de la Audiencia prevé celebrar en octubre otro juicio centrado en el desvío de camiones a Dubái.
Por su parte, en la sesión de ayer también declaró el responsable de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y que aseguró que hubo control judicial de las escuchas y que su contenido fue adverado por el secretario judicial. Según su investigación, hasta 36 camiones se transmitieron en masa desde Rent Autisa hasta una empresa adquirida de forma encubierta por los Gregory, Sermo Mar 2000 SL y a cuyo frente pusieron como administrador único a una persona de su confianza. Según el sumario, la misma táctica se usó para transmitir el material de Repuestos Atalayas a otra empresa (Tambomur SL); así como en Alicantina de Grúas y Basculantes SL a donde se transmitieron otros ocho camiones.
Operaciones simuladas
Otro de los extremos de la investigación confirmados ayer por el funcionario fue la implicación de José Vicente Gregory en hechos similares con su casa, que habría sido objeto de varias transmisiones para dejarla fuera del alcance de los acreedores. Otro tanto ocurrió con una finca de la familia en Ibi que supuestamente fue comprada por Ángel Fenoll por medio millón, una operación que los investigadores consideran «ficticia». También se les acusa por falsear el origen del dinero que pagaron para la fianza a raíz de su detención por la estafa, que presentaron como un préstamo de sus conocidos y era suya.
