La Audiencia de Alicante ha condenado a once años de prisión al capitán de un velero que fue interceptado en alta mar cuando traía a España un alijo de 300 kilos de cocaína que se cargaron en una isla venezolana, según la sentencia a la que ayer tuvo acceso este diario. En el banquillo se sentaban dos vecinos de València como presuntos responsables del alijo, aunque uno de ellos ha sido absuelto.
La droga fue intervenida el 15 de junio de 2016 tras una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía en Alicante y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración con Vigilancia Aduanera. El fallo absuelve por falta de pruebas a un segundo acusado, que estaba considerado el contacto en tierra del patrón de la embarcación. Los magistrados de la Sección Primera han validado las escuchas telefónicas en las que se basó la operación y que ordenó un juzgado de Dénia.
El fallo impone al único condenado una pena de once años de prisión, así como el pago de dos multas de 14 millones de euros cada una. El tribinal ha ordenado el comiso del velero intervenido para que sean adjudicados al Fondo de Bienes Decomisados, aunque en la actualidad su uso está adjudicado a la Armada Española.
La Policía estaba investigando en el año 2016 a un grupo de narcotraficantes dedicado a traer cocaína a España desde Sudamérica oculta en embarcaciones. Fruto de estas pesquisas se había interceptado en el País Vasco un alijo de 500 kilos de cocaína y se habían intervenido 8 millones de euros en València que estarían destinados a adquirir una partida de droga.
Los investigadores sospechaban que el grupo para preparar otro envío estaba usando a personas ajenas al mundo del tráfico para eludir la vigilancia policial. Las sospechas se dirigieron hacia la embarcación Moloko I, un velero cedido a una Escuela Náutica de Ibiza donde siete marineros se propusieron el reto de atravesar el océano hasta las Américas en cinco semanas, guiándose por un sextante.
La embarcación estaba a nombre de una sociedad, de la que hubo un cambio de titularidad cuando la nave ya se encontraba en la República Dominicana. El fallo declara probado que el acusado carecía de ingresos económicos que justificaran la adquisición del barco. De los 6.000 euros que el acusado declaró haber percibido en 2015, 2.144 correspondían a prestaciones por desempleo.
Para el regreso, el capitán buscó a pasajeros a través de Facebook para que le acompañaran en la travesía. Era un anuncio, como si se tratara de un BlaBlaCar, en el que se ofertaba una ruta transoceánica gratis, en la que los interesados sólo tenían que ayudarle a llevar el barco. A la publicación respondieron tres personas que ignoraban la carga que había a bordo y que llegaron a ser detenidas cuando frente a la costa de Cádiz agentes de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil interceptaron el velero.
La Audiencia ha respaldado las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación y descarta que haya habido una falta de control judicial de los pinchazos. En este sentido, consideran que había indicios sólidos para acordar la medida. El tribunal señala que sólo la cantidad de droga intervenida «hace cualquier cosa argumentación añadida a poner de relieve su destino ilícito, su posesión para el tráfico».
En cuanto al segundo acusado, el supuesto contacto en tierra de la travesía y amigo del patrón del velero, la sala ve «endebles» las pruebas contra él. «No basta evidentemente con relacionarse o viajar con el autor material de un delito para tener por acreditaba su participación en el mismo», dice.
