La duda sobre la validez o no de las escuchas telefónicas del caso Brugal que permitieron abrir 18 causas en diferentes juzgados de la provincia no fue despejada ayer por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante en el juicio por una presunta estafa en el Grupo Autisa, proceso en el que están acusados los hermanos Rafael y José Vicente Gregori, Ángel Fenoll y otros 12 procesados. La presidenta del tribunal informó en la reanudación del juicio iniciado a principios de mayo con cuestiones previas que la petición de las defensas sobre la nulidad de las escuchas telefónicas será resuelta en la sentencia del caso.
La decisión de posponer el pronunciamiento sobre las intervenciones telefónicas fue interpretada de diferente forma por acusaciones y defensas. Aunque nadie se atreve a asegurar cuál es la posición del tribunal, algunos abogados consideran que se desestimará la petición y dará validez a las escuchas por el hecho de acordar resolver la cuestión en la sentencia.
La defensa de Rafael Gregori, que solicitó la nulidad en la primera sesión de juicio como cuestión previa, protestó por la decisión del tribunal de la Sección Segunda al entender que debía haber sido resuelta la petición con carácter previo a la sentencia porque afecta «a la licitud, cien por cien, de las pruebas de cargo».
Tras informar el tribunal de la Audiencia de su postura la vista oral continuó con el interrogatorio de los 15 procesados, aunque todos excepto uno se negaron a contestar preguntas del fiscal y de la acusación particular. Únicamente contestaron a sus abogados defensores, ni siquiera al resto de letrados de los acusados.
La Fiscalía acusa a los implicados de crear un entramado de empresas interpuestas para que los dos hermanos Gregori se pudieran desprender de su patrimonio con el fin de ocultarlo y eludir pagos en el concurso de acreedores. Para ello situaron al frente de éstas a personas de su confianza, como se hizo con una empresa de repuestos, así como con el domicilio de uno de los dos hermanos. Entre los bienes alzados hay envíos de siete camiones a Dubai y la falsificación del número bastidor de seis vehículos pesados en abril de 2009.
Exgestor de empresas
El único procesado que contestó a las preguntas del fiscal y del abogado de la acusación particular, ejercida por la financiera VFS, fue un exgestor de empresas de una oficina del BBVA en el polígono de las Atalayas. Este acusado explicó que solo podían entregar la documentación de los camiones de Renault a Autisa si se habían pagado previamente. Sin embargo, reconoció que en una ocasión los facilitó sin estar pagados porque le indicaron que «tenían un problema coyuntural del liquidez y que en diez días lo pagarían».
Una vez pasado el plazo, asegura que exigió a Autisa el pago o la devolución de los documentos. Le devolvieron varios sobres pero no eran los originales de Renault. Los guardó y no los aportó cuando acudió un auditor de VFS a la oficina del BBVA. El procesado indicó que Rafael Gregori le dijo que «bajo ningún concepto podían caer en manos de VFS» porque sería la ruina de la empresa.
Rafael y José Vicente Gregori, para los que el fiscal pide 12 años de cárcel por estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, negaron a preguntas de sus abogados las acusaciones contra ellos y explicaron que era su padre quien estaba al frente del Grupo Autisa. Rafael Gregori relató que Autisa llegó a ser el mayor distribuidor en Europa de camiones Renault, dispuso de un patrimonio de más de 100 millones, tuvo 300 empleados y de facturar 200 millones pasó a casi cero a causa de la crisis. Gregori señaló que mientras varias entidades estaban dispuestas a ayudarles a superar la crisis la financiera VFS no quiso.
Varios acusados que trabajaron en Autisa indicaron que no tenían capacidad de decisión y el empresario Ángel Fenoll, uno de los presuntos cabecilla del caso Brugal, afirmó que compró «a precio de mercado» una finca al padre de los hermanos Gregori.
La vista oral se reanudará el próximo 15 de junio con las declaraciones de los investigadores que destaparon la presunta estafa.
