La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante resolverá vía sentencia la petición de nulidad de las escuchas que dieron lugar a la investigación del caso Brugal solicitada por los empresarios Rafael y Vicente Gregori y Ángel Fenoll en el juicio por el fraude en el Grupo Autisa, en el que se les acusa de estafa, falsedad documental, delito continuado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, informa Europa Press.
La nulidad la planteó en la sesión de cuestiones previas, el pasado 4 de mayo, la defensa de Rafael Gregori y se adhirieron el resto de abogados defensores. En total, en esta vista, se juzga a 15 acusados.
Las escuchas policiales son la base de la acusación en este juicio y fueron el origen del caso Brugal, que incluye hasta 18 piezas separadas entre las que destaca el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, en el que están procesados los exalcaldes 'populares', Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el empresario Enrique Ortiz.
Este jueves, y ante el anuncio del tribunal, las defensas han elevado una protesta porque han estimado que la nulidad total o parcial de las escuchas, en el caso relativo a los hermanos Gregori y a Fenoll, podría afectar al juicio.
La sesión ha comenzado así con la declaración del empresario Rafael Gregori que solo ha respondido a su abogado. Ha negado los hechos que se le atribuyen y ha explicado que la empresa que fundó su padre de venta, reparación y alquiler de camiones sufrió la crisis económica al pasar de vender 2.000 camiones al año en 2007 a solo 19 en 2008.
Nulidad
El pasado 4 de mayo, el abogado de Gregori argumentó la petición de nulidad de las escuchas, a la que se sumaron el resto de las defensas, en base al principio de vulnerabilidad de su cliente, sometido a un periodo de escuchas "excesivo e indefinido" lo que podría suponer la nulidad.
Además, motivó que ha habido una "completa ausencia de control judicial" y aseguró que las 35 prórrogas de las escuchas autorizadas se han realizado sin el suficiente celo y dando por bueno los informes policiales.
De la misma manera, indicó el letrado que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones, ya que el 21 de mayo de 2009 se autorizaron las escuchas policiales durante un mes y por unos hechos concretos, y a partir de 19 de junio de 2009, y durante 10 meses se siguieron autorizando las prórrogas sin que se hubieran motivado otros hechos delictivos que sí que han sido incorporados a la causa.
El letrado añadió, además, que, desde el 21 de marzo de 2008, fecha en la que caducaba una de las prórrogas hasta el 24 de abril de 2008, que se dicta el siguiente auto hay "unas grabaciones policiales sin una autorización judicial".
Penas de 12 años
La Fiscalía pide penas que oscilan entre los nueve meses y los diez años de prisión por los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento oficial y mercantil, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
En concreto a los principales acusados, los empresarios José Vicente y Rafael Gregori, les pide 6 años prisión y multa de 12 meses por un delito continuado de estafa (o alternativamente de apropiación indebida) en concurso con un delito de falsedad. Cuatro años de prisión y una multa de 18 meses por un delito continuado de alzamiento de bienes y una pena de 2 años de prisión y multa de 62.000 euros por el delito de blanqueo de capitales.
El ministerio fiscal acusa a los dos hermanos y cabezas del grupo Autisa, compuesto de 18 empresas dedicadas a la venta y alquiler de vehículos industriales y repuestos, repartidas por la Comunitat Valenciana de desprenderse de su patrimonio para evitar futuras reclamaciones de acreedores.
Los hermanos, valiéndose del acuerdo establecido con la entidad financiera VFS Comecial Service Spain SAU, exportaron a Dubai entre los meses de febrero y abril de 2009, siete camiones a los que a seis les cambiaron los números de bastidores, por otros de vehículos propiedad del grupo.
El objetivo de los acusados, según Fiscalía, era superar la auditoría que la entidad financiera realizó a finales de abril de 2009 para que no se supiera que los camiones se habían exportado antes de habérselo pagado a VFS.
La acusación aprecia una pauta de comportamiento en cuanto a la enajenación de vehículos incumpliendo los compromisos de pago pactados con la entidad financiera y que implicaba, además, la falsificación de la documentación, que según el acuerdo estaba en manos de VFS, hasta que Autisa realizara el pago por la venta del vehículo.
Además, supuestamente los acusados crearon un entramado de empresas para ocultar bienes como empresas, viviendas, fincas o vehículos, al frente de las cuales situaban a personas de su confianza, también acusados.
