La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha destapado un fraude de siete millones de euros con la comercialización de productos electrónicos procedentes de China en una operación desarrollada en ocho provincias, entre ellas Valencia y Alicante, y que se saldó ayer con 28 detenidos, la mayoría de origen chino. Uno de los arrestos se llevó a cabo en Alicante, donde también se llevó a cabo un registro en un establecimiento de artículos electrónicos. La Policía Nacional realizó un segundo registro en una vivienda de Sant Joan d'Alacant, donde no se detuvo al implicado al no estar presente.

Fuentes policiales indicaron que la organización, que operaba desde 2013, importaba las mercancías y declaraba por ellas en Aduanas un valor inferior, con el consiguiente fraude a Hacienda.

Los agentes realizaron una treintena de registros en domicilios y establecimientos, entre ellos en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en un operativo, bautizado como Sumatra, que está dirigido por el juzgado de instrucción número cuatro de Móstoles. Quince de los detenidos fueron arrestados en Madrid, cuatro en Illescas (Toledo), tres en Xàtiva (Valencia), dos en Barcelona y uno en Zaragoza, Málaga, Alicante y Pontevedra.

La investigación está centrada en una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China, con destino a España, minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importación, en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.

La organización, que controla tanto la producción en China como la posterior comercialización de los productos en Europa, está especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etc.) e iluminación (Leds, halógenos, tubos fluorescentes, etc.), que comercializaba muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas físicas como virtuales.

Además, los agentes detectaron la existencia de ventas ocultas para las que la organización disponía de una red de comerciales distribuidos por la geografía española que se encargaban de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapaba del control de la Hacienda Pública.

Así, los delitos investigados son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició a mediados de 2017 gracias a un denuncia presentada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Una vez abiertas las diligencias se unió a las pesquisas la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.