Las defensas sacaron ayer la artillería pesada en el inicio del juicio por la presunta estafa de Autisa y pidieron la anulación de todas las escuchas del caso Brugal. En el banquillo se sentaban los hermanos Rafael y José Vicente Gregory, responsables del grupo Autisa, junto a otros doce acusados, entre los que se encuentra el empresario Ángel Fenoll. Se les acusa de formar parte de un entramado que habría ayudado a los dos hermanos a hacer desaparecer su patrimonio para eludir pagos en el concurso de acreedores que había abierto en un juzgado Mercantil. Los pinchazos del caso Brugal, que comenzó investigando supuestos sobornos en la contrata de la basura de Orihuela y acabó dividiéndose en 18 piezas separadas, fueron la base para acusar a los implicados en el presunto alzamiento de bienes.
Todos los argumentos que durante todos estos años han esgrimido los abogados contra la investigación fueron planteados ayer ante un tribunal con peticiones de nulidad que podrían afectar a otras piezas separadas que en su día se abrieron por esta macrocausa judicial. La excesiva duración de la medida, la supuesta falta de control judicial y algunas irregularidades en los autos que las autorizaban fueron algunos de los motivos expuestos ayer ante la Sección Segunda. La Fiscalía defendió la validez de las escuchas y aseguró que su excesiva duración se había debido a la «desmedida actividad delictiva de los acusados», ya que a través de las escuchas cada vez se iban descubriendo la implicación de los investigados en nuevos delitos.
Ayer estaba señalada en la Audiencia una vista para que las partes plantearan las cuestiones previas en este proceso, que es una de las cinco piezas separadas que se abrieron específicamente por las irregularidades de Autisa. El abogado de Rafael Gregory, José Celestino Maneiro, arremetió durante hora y media contra las escuchas y consideró que todas las pruebas obtenidas de ellas son nulas. «Mi cliente ha tenido el teléfono intervenido durante 1.057 días. No hay precedente alguno en la historia judicial española, ni siquiera en casos de terrorismo», aseguró.
El letrado recordó que en el año 2011 el juez Carlos San Martín ya anuló parte de las escuchas del caso Brugal, aunque esa decisión fue anulada a su vez porque el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre este extremo era el momento del juicio. El abogado aseguró que ese momento ya había llegado y que persistían todos los motivos expuestos en su día por el juez para anularlas. En su alocución, a la que se adhirieron todas las defensas, aseguró que hubo un absoluto descontrol judicial de las escuchas, en los que no hay constancia de que la Policía diera cuenta al juez de sus pesquisas y las prórrogas se firmaban de manera automática en autos poco motivados y algunos con irregularidades como la ausencia de la firma del juez o concretar la duración de la medida.
El abogado de Ángel Fenoll, Miguel Bajo, aseguró que todo el caso Brugal era nulo de pleno derecho porque la querella inicial en el juzgado se basó en unas grabaciones que habían sido «manipuladas» por la Policía.
Al fiscal Enrique Manchón le correspondió defender en el juicio la legalidad de las escuchas y aseguró que cada mes la Policía y el fiscal pasaban al juzgado sus informes por escrito para explicar por qué debería prorrogarse el pinchazo. El representante del Ministerio Público reconoció la excepcionalidad de la duración de la medida, «pero es que también lo era la desmedida actividad delictiva de los acusados». Según explicó, la Policía investigaba inicialmente los supuestos amaños en la basura pero se fue encontrando con nuevos delitos a medida que avanzaba la investigación. El fiscal recordó que la Audiencia sí que validó las escuchas de Brugal en otro procedimiento por la filtración de datos fiscales del empresario Ángel Fenoll por parte de una funcionaria de Hacienda. La sala condenó a los acusados pero el Supremo los absolvió por no ver delito en su actuación, aunque no entró a valorar las escuchas.
