El juicio contra 37 acusados de intentar implantar a la Mara Salvatrucha en España se cerró ayer con sustanciosas rebajas de penas por parte de la Fiscalía tras el pacto cerrado con las defensas en la Audiencia de Alicante. Los acusados que ayer se sentaban en el banquillo se enfrentaban a penas que sumaban 365 años de cárcel, que tras este acuerdo se redujeron a un total de 85 años entre todos. En breve la Sección Segunda de la Audiencia dictará una sentencia que recogerá los términos de esta conformidad.
En teoría, sólo seis de ellos han sido condenados a penas superiores los dos años de cárcel, por lo que tendrían que ingresar en prisión. De todos modos, será en la ejecución de la sentencia donde se determine a quién se le suspende la pena. Las mayores penas han recaído en los dos hermanos que lideraron esta célula de la Mara Salvatrucha y que finalmente serán condenados a 13 años y tres meses de cárcel cada uno por delitos de intento de asesinato, conspiración de homicidio, organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y lesiones. Para ambos se pedían hasta treinta años de cárcel, pero la Fiscalía optó por rebajar a más de la mitad estas penas «en atención a sus circunstancia personales y al arraigo en España».
La mayoría de los acusados serán condenados a penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel por haber realizado ventas de droga al menudeo para la organización. «La Guardia Civil actuó cuando la implantación de la Mara era muy incipiente y su actividad delictiva no estaba muy consolidada», explicaron fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. «Algunos son personas muy jóvenes que ya han rehecho sus vidas y todo esto ha servido como un toque de atención a las familias de lo que podría haber pasado», explicaron. Entre los abogados que representaban a los acusados y que han negociado el acuerdo están Antonio Revert, Francisco Moreno Arranz, Roberto Sánchez y Javier Carbonell, entre otros.
La Audiencia juzgaba a los detenidos por la Guardia Civil en 2014 por intentar crear desde Ibi esta organización en todo el país, un encargo que habrían recibido desde El Salvador los dos hermanos que presuntamente lideraban la «clica» (grupo). Éste recibió el nombre de «Proyecto 34» y en el momento de la operación policial ya se había arraigado en Ibi, Madrid, Barcelona y Girona. La intención era usar los mismos métodos de extrema violencia que tenía la banda en su país y en el momento en que se llevó a cabo la operación la mara de Ibi se disponía a asesinar al lider de una banda rival integrada por personas de nacionalidad rumana. La acusación les implica también en la planificación de otro asesinato en Barcelona de un testigo que habría visto un apuñalamiento de un «latin king» cometido por la mara en el Puerto de Alicante en 2012. Ninguno de los dos crímenes llegó a materializarse. Se les acusa también de financiarse del dinero de la venta de drogas, como marihuana y cocaína; y de haber tratado de blanquear dinero de las maras en negocios legales. Los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil revelaron un constante contacto con los dirigentes de la Mara en El Salvador.
El proceso ya estuvo señalado hace dos semanas en la Audiencia pero se suspendió al haberse alcanzado un principio de acuerdo entre las partes y que debía validar la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Ayer con las penas pactadas ya admitidas todavía siguieron las negociaciones de última hora de algún fleco más y que retrasaron más de dos horas el arranque de la vista.
Otro de los motivos de la suspensión la vez anterior fueron las presuntas amenazas que habría recibido uno de los acusados poco antes del juicio. La Fiscalía quería saber qué había ocurrido, pero el presunto amenazado no ha querido presentar denuncia finalmente. Ayer fue separado del resto de los acusados en libertad y se sentó con los otros reclusos, donde había un fuerte despliegue policial.
Otro de los procesados que estaba en libertad tuvo que comparecer por videoconferencia tras haber sido detenido anteayer en otra provincia. El tribunal optó por esta medida para evitar una nueva suspensión del juicio y que el procesado pudiera dar su conformidad con las penas pactadas. Asimismo, en la sesión anterior otro de los acusados había plantado al tribunal y a su abogado al no presentarse al juicio, por lo que fue detenido. La sala optó por tenerlo encarcelado para garantizar su asistencia a juicio. Tras haber dado su conformidad al pacto, éste quedó en libertad.
