15 de febrero de 2018
15.02.2018

Cuarenta acusados aceptan trabajos sociales o multas por contratos falsos para cobrar el paro

La Fiscalía y las defensas llegan a un acuerdo en un juicio en Alicante por una trama que obtuvo 200.000 euros con prestaciones de desempleo

14.02.2018 | 22:40
Imagen del juicio celebrado ayer en Alicante por falsificar contratos de trabajo.

Un macrojuicio en Alicante a 40 acusados de una trama que falsificó contratos de trabajo para cobrar cerca de 200.000 euros en prestaciones de de desempleo o solicitar permisos de residencia para inmigrantes se dilucidó ayer con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas que contemplaba penas leves de multa y 45 días de cárcel sustitutorios por trabajos en beneficio de la comunidad. De los 43 procesados sólo faltaron tres al juicio celebrado por el juzgado de lo Penal número 2 de Alicante.

Uno de los 40 acusados que sí compareció es el titular de una empresa con sede en Villena que fue la sociedad que simuló los contratos de trabajo y aceptó cumplir, en vez de dos años y medio como pedía inicialmente el fiscal, una pena de seis meses cárcel que puede sustituir por trabajos sociales y una multa de 180 euros. Los otros 39 procesados son los que percibieron prestaciones indebidas gracias a los contratos falsos y la Fiscalía rebajó la petición de nueve meses de cárcel a una pena de 45 días de prisión sustitutorios por trabajos en beneficio de la comunidad o multa de 90 euros, así como a otra sanción de 90 euros. Muchos escogieron pagar 180 euros de multa.

Los hechos admitidos ayer por 40 de los 43 acusados que acudieron al juicio fueron destapados en 2013 por la Policía Judicial. Una empresa con sede en Villena se dedicó en 2011 a simular contratos laborales con supuestos empleados que no amparaban una relación labora efectiva.

El objetivo era obtener el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros, así como a la obtención de periodos falsos de carencia para obtener ilícitamente prestaciones y subsidios por desempleo.

Para ello los supuestos trabajadores pagaban una cantidad de dinero cuando se formalizaba el falso contrato y se tramitaba el alta en la Seguridad Social.

La empresa de Villena que expidió los contratos fraudulentos estaba en situación de «anulación por empresa ficticia» desde noviembre de 2010 y no ingresó dinero alguno desde el inicio de su actividad, según la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

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