La Policía Nacional han detenido a 56 personas e investigado a otras 52 en la Comunidad Valenciana por defraudar 2.143.239,93 euros a la Seguridad Social a través de 25 empresas ficticias que supuestamente simulaban relaciones laborales de trabajadores en diversos sectores.
Según informó ayer la Policía, entre los implicados se encuentran varios empresarios, dos autorizados por el Sistema RED de la Seguridad Social y los presuntos trabajadores que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios de la administración pública.
Asimismo, varios ciudadanos extranjeros regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude. En la operación se ha llegado a investigar a 1.211 trabajadores, de los que 81 han solicitado y percibido 484.698,16 euros en prestaciones del SEPE y del INSS. También han sido investigados 25 empresarios y dos gestores administrativos.
Las investigaciones comenzaron a principios de año, cuando se detectó un «importante» número de empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social en la Comunidad, según los informes facilitados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y Alicante.
Las empresas inspeccionadas presuntamente generaron una deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros por el impago de los seguros sociales generados como consecuencia del alta de los presuntos trabajadores. De los investigados no detenidos, hay dos empresarios que se encuentran internos en la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.
Las empresas ficticias son entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real, utilizadas de forma instrumental para simular negocios y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, daban de alta en la Seguridad Social. Los responsables de las mercantiles investigadas declaraban realizar una actividad laboral, algo que en realidad no sucedía.
Entre las empresas investigadas hay varias formadas por personal de nacionalidad ucraniana, búlgara y rusa que las creaban para darse de alta en la Seguridad Social, unos como trabajadores y otros como empresarios. En otras, los trabajadores pasaban a ser administradores y viceversa y pagaban las cuotas generadas por los seguros sociales de los presuntos trabajadores con el fin de no ser descubiertos, pero a pesar de pagar las cuotas las cantidades percibidas eran muy superiores al gasto originado.
