El exdirector provincial de Costas en Alicante Fernando Paton arremetió ayer contra la Agencia Tributaria por vincularle con una trama de fraude fiscal y que le ha llevado al banquillo. El que fuera responsable de Costas en la provincia de Alicante durante los años 80 fue enjuiciado ayer por su presunta vinculación con un entramado societario que, según la Fiscalía y el abogado del Estado, habría defraudado a la Hacienda Pública más de tres millones de euros con una venta de terrenos en la calle Isla de Corfú de la Alicante en el año 2007. A Paton no se le imputa el fraude fiscal pero sí el hecho de ser el destinatario de algunas de las numerosas trasferencias realizadas tras la venta y en las que los nueve millones de euros abonados desaparecieron. La Fiscalía le reclama una pena de dos años de cárcel por un delito de insolvencia punible. Junto a él se sientan otras seis personas acusadas de pertenecer a un entramado para cometer el fraude fiscal y para quienes se piden penas que oscilan entre los siete y los dos años de cárcel.

«Pago mis impuestos»

«Es falso que yo pertenezca a un entramado societario. Siempre he pagado mis impuestos y mis ingresos proceden de mi trabajo», aseguró ayer Paton al juez durante el interrogatorio. El exdirector de Costas desvinculó las transferencias recibidas en las cuentas de sus sociedades de la operación urbanística de Isla de Corfú, «en la que yo no he tenido nada que ver». Paton admitió tener otros negocios en común con uno de los acusados con quien adquirió locales comerciales, algún piso y pusieron en marcha un bar en Alicante.

Según sus explicaciones, en ocasiones, su socio no tenía suficiente efectivo para cerrar la operación, por lo que Paton adelantaba la cantidad necesaria y éste se lo devolvía poco después. En este sentido, consideró «poco rigurosa» la investigación de Hacienda, cuyos inspectores le han llevado al banquillo «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid». En este sentido, señaló que los inspectores han investigado las trasferencias que recibió, pero han obviado las cantidades que habían salido antes.

La Agencia Tributaria considera que con este entramado se quedaron sin pagar 1,2 millones por el IVA de la venta de las parcelas; y dos millones por el Impuesto de Sociedades, ambos del año 2007.

Uno de los presuntos cabecillas del entramado, Alejandro V. T., declaró ayer al juez que en su día se prestó a figurar como administrador de varias sociedades porque le habían prometido a cambio entrar en otros negocios inmobiliarios.Se trataba de empresas sin actividad alguna y sin trabajadores. «Yo sólo fui allí a firmar», dijo en alusión al día en que se le nombró administrador de la sociedad que vendió las parcelas. «Todo fue muy rápido y entonces yo no era consciente de las responsabilidades en las que incurría», explicó, a lo que añadió que ignoraba que se estaba descapitalizando a la sociedad. El acusado se devinculó de las extracciones de dinero, aunque señaló que dio poderes a otros dos de los acusados, especilamente Alejandro C. O, para operar en las cuentas de la sociedades. En este sentido, admitió que llegó a darles cheques en blanco y pagarés.

Autorización en cuentas

Alejandro C. O., otro de los presuntos cabecillas del entramado, y a quien el anterior acusado implicó como la persona que le metió en estos negocios, aseguró ayer que nunca había participado en la operación de Isla de Corfú y que desconocía por qué le implicaban. Este procesado era el amigo personal de Paton y de cuyas cuentas venían las trasferencias investigadas. Alejandro C. O. admitió que pudo estar autorizado en las cuentas de las mercantiles de Alejandro V. T. por otros negocios que tenían en la zona de la Marina Baixa. «De Isla de Corfú, yo no he tocado ni un duro», aseguró. Sobre las transferencias a Paton, coincidió en señalar que era por las adquisiciones de bienes inmuebles.

De administradora de la mercantil que enviaba el dinero estaba la entonces esposa de Alejandro C.O. que aseguró que ella se prestó a figurar porque su marido no quería aparecer por otros problemas que tenía con la Seguridad Social. «Yo confiaba en él y era quien llevaba el negocio», dijo. También está acusado otro de los trabajadores de Alejandro C. O. que también estaría autorizado en las cuentas de las sociedades de Alejandro V. T. Éste aseguró que sólo era un empleado sin responsabilidad de decisión. Los otros dos acusados son un asesor fiscal y un presunto testaferro que negaron también vinculación alguna con los delitos.

El juicio proseguirá hoy con la declaración de los inspectores de Hacienda que investigaron la operación y previsiblemente quedará visto para sentencia.