Cuatro exdirectores de sucursales del Banco Santander de Alicante serán juzgados a partir del próximo lunes por presuntamente colaborar con una organización delictiva para estafar a la entidad una cantidad cercana a los 7 millones de euros mediante la concesión de créditos para la compra de viviendas.
Según fuentes judiciales, el presunto cerebro de esta trama es Jesús Hernández Utrera, un individuo con multitud de causas judiciales pendientes por delitos económicos que fue asesinado en 2008 por miembros de una banda de narcotraficantes. Sus restos mortales fueron descubiertos en 2011 en un paraje rural de la localidad alicantina de Tibi y la Guardia Civil detuvo a los presuntos culpables del crimen en julio de 2015.
El juicio por el fraude al Santander, la mayor estafa hipotecaria sufrida hasta ahora en la provincia de Alicante por una entidad financiera, debía sentar en principio en el banquillo de los acusados a una decena de implicados, pero cuatro de ellos, incluido el supuesto cabecilla, ya han fallecido.
La Fiscalía pide provisionalmente para cada uno de los acusados restantes seis años de prisión y una multa, aunque está negociando con las defensas y la acusación particular, que ejerce el propio banco, un acuerdo previo que incluya una rebaja sustancial de dichas penas, según fuentes jurídicas.
Sobretasación
Según la Fiscalía, la estafa se remonta a 2001, cuando Hernández Utrera y sus dos socios en la inmobiliaria CHS Núcleo Urbano se confabularon presuntamente con cuatro directores de sucursales del Santander ubicadas en Alicante y tres peritos para obtener créditos hipotecarios por viviendas que habían sido tasadas por un precio muy superior a su valor real.
Supuestamente, los responsables de la empresa inmobiliaria captaron como compradores a más de dos centenares de indigentes, toxicómanos o personas con problemas mentales y los acompañaron a la notaría para firmar los préstamos.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, a algunos de esos falsos compradores la red les ofrecía «una pequeña cantidad de dinero» por estampar sus firmas y a otros «ni tan siquiera esto».
Previamente, los directores de las oficinas bancarias habían autorizado presuntamente estas operaciones, «valiéndose de nóminas, declaraciones de IRPF y documentos de solvencia que no se correspondían con la realidad», según el ministerio público.
La acusación pública sostiene que el Banco Santander concedía los préstamos en «la creencia de que se correspondían con inmuebles» que tenían realmente el valor que figuraba en la tasación y de que los compradores gozaban de «solvencia para afrontar el pago de los mismos». El dinero obtenido con los créditos engrosaba el patrimonio de CHS Núcleo Urbano y luego se «repartía entre los directores de las sucursales y los peritos tasadores», según la acusación pública.
