La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas que suman hasta 380 años de prisión para los 41 acusados de intentar formar en España a los Maras Salvatruchas, una organización criminal de origen salvadoreño y que usa medios extremadamente violentos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Se les acusa de delitos de organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, intento de asesinato, lesiones y amenazas. Según la Fiscalía, desde Ibi habían puesto en marcha un «plan expansionista» por toda España en conexión con las maras de otros países como Guatemala, Salvador y Estados Unidos. En España, habían conseguido formar las clicas (nombre que reciben el grupo en cada territorio) de Ibi, Madrid, Girona y Barcelona.

La mayor pena se reclama para Esteban N. M., a quien se conoce como Darki y que era el encargado de llevar a cabo el denominado «Programa 34» cuyo fin era organizar todas las clicas españolas, unificar criterios de actuación e introducir a los Maras Salvatrucha a nivel social y económico en el país. La Fiscalía le pide penas de casi treinta años de prisión por los citados delitos. Para otros responsables de las clicas se reclaman penas de entre 14 y 29 años en función de su participación en los delitos. Para acusados que sólo estarán en el banquillo por su pertenencia a las maras se piden entre dos y tres años de prisión.

El escrito de acusación revela que las escuchas telefónicas de la Guardia Civil apuntan a que la banda latina pretendía recibir sus ingresos del narcotráfico, concretamente de la venta de cocaína y de marihuana. La acusación sostiene que desde el Salvador se llegaron a enviar 10.000 dólares para empezar a financiar las actividades de la banda en España. Entre sus planes estaba también la compra de un chiringuito o un negocio de compra-venta de coches para blanquear el dinero de la organización.

El escrito de acusación relata que el intento de asesinato de un ciudadano rumano perteneciente a otra banda con la que estaban enfrentados precipitó la operación en el año 2014. Los supuestos ejecutores que vinieron a España a cometer el crimen fueron arrestados por la Guardia Civil, con las armas con las que supuestamente iban a tirotear a su víctima.

Según la Fiscalía, hubo un segundo intento de asesinato para acabar con la vida de un testigo de un apuñalamiento llevado a cabo por las maras en el Puerto de Alicante en el año 2012. El testigo podría haberse afincado en Barcelona por lo que las escuchas revelan contactos entre las clicas de Ibi y la ciudad condal para adquirir un arma de fuego.