En violencia de género, parece que la escalada de muertes no se está frenando, ¿es un problema sólo de penas de cárcel o hay que hacer algo más?

Creo que es un problema que precisa un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas. Es una lucha de todos. Hay una parte importante de este problema que se soluciona con la vía penal. Hay juzgados especializados y equipos preparados de psicólogos en las oficinas de ayuda a la víctima. Pero éste no es sólo un tema judicial, es un problema de toda la sociedad. Hay una labor muy importante en el tema de la educación. Con cada muerte, hay un fallo en el sistema.

¿Está garantizada la continuidad de la oficina de medidas alternativas creada por su antecesor?

Estamos en un proceso de cambio para poner en marcha la nueva oficina judicial y eso supone alterar toda la estructura de los juzgados y las secciones de la Audiencia. La oficina sigue dando los servicios que prestaba y continuará para seguir dando los cursos de reeducación y potenciar la mediación intrajudicial en toda la provincia. Los cursos van a continuar. Es un servicio que el Consejo General del Poder Judicial reconoció con el Premio de Calidad de la Justicia.

¿Cuál es la jurisdicción más colapsada?

Sobre todo la penal es la que está más colapsada por el volumen de trabajo. La alta entrada de asuntos está provocando que los procedimientos estén años esperando el juicio. Otras jurisdicciones como civil y social han estado también sobrecargadas durante los años más intensos de la crisis. Hemos aplicado planes de refuerzo que han permitido que en ambas jurisdicciones los procedimientos no se alargaran.

¿Va a aliviar la creación de un juzgado especializado en cláusulas suelo la situación de los juzgado de Primera Instancia?

El principal problema de este juzgado es que no sabemos cuántos asuntos va a tener que asumir y su competencia va a ser provincial. Antes de que se decretara la nulidad de las cláusulas suelo apenas se presentaban demandas por estos asuntos, por lo que se trata de una materia totalmente nueva y que no va a reducir cargas de trabajo en los juzgados. En esta provincia se ha construído mucho en todo el litoral durante los años del boom inmobiliario, por lo que todo aquel que haya comprado una vivienda y la haya financiado con un préstamo hipotecario es susceptible de presentar una demanda. Desde el Consejo General del Poder Judicial se ha dicho que por cada 900 demandas que se presenten se tiene que crear otro refuerzo más.

¿Han estado los juzgados a la altura a la hora de investigar casos de corrupción en esta provincia?

Los juzgados están dando una respuesta adecuada para estos delitos. Es cierto que se trata procedimientos de cierta complejidad y que el problema que tienen los jueces es que cuentan con los mismos medios para investigar estos casos que para investigar pequeños delitos. Uno de estos procedimientos pueden tener bloqueado un juzgado entero. No hay juzgados especializados para casos de corrupción y también ayudaría dotar a los magistrados de cuerpo experto de peritos en temas contables y financieros. El Tribunal Superior de Justicia ha estado muy sensible con estos procesos y ha dotado de refuerzos a cuantos juzgados lo han necesitado. Hoy todos estas causas están ya prácticamente terminadas y a la espera de celebrar el juicio.

¿Considera razonables los tiempos de espera para un juicio?

Es un aspecto en el que tenemos mucho que mejorar. Tres años de espera para poder celebrar un juicio penal no es para nada razonable. Los tiempos de espera en los juzgados llegan a ser insoportables. Uno de los principales problemas que tenemos es la falta de medios, algo que dificulta que se pueda hacer nada más. Hay un problema de espacio en Benalúa, donde ya no cabe ni un juzgado más y crear uno supone el problema de dónde meterlo. Creo que en esta país hace falta un gran pacto de Estado por las justicia, para dotar a los tribunales de los medios que se merece. De esta manera se acabaría con las largas esperas para los juicios.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal causó gran polémica porque limitaba la duración de las investigaciones judiciales, ¿ha tenido alguna incidencia desde su entrada en vigor?

En los primeros días había temor porque la medida pudiera afectar a los procesos complejos, pero lo cierto es que se han ido ampliando los plazos en los casos en que era necesario y la incidencia ha sido menor de lo que se preveía en un principio. Hay casos que sí se han cerrado por no haber renovado plazos a tiempo, pero por lo general las prórrogas se piden.

¿Considera obsoleto el sistema actual de partidos judiciales?

Los juzgados todavía no han superado el sistema creado en el siglo XIX y que está obsoleto para sus necesidades. La creación de la nueva oficina judicial va a permitir una reestructuración de los servicios. Ningún partido judicial se va a quedar sin juzgados pero hay que concienciarse de que hay servicios para los que se van a tener que desplazar a otras poblaciones. Mi idea es crear tres grandes centros de tramitación procesal en Alicante, Benidorm y Elche, desde la que se va a dar servicio también a partidos limítrofes. El ejemplo lo tenemos con los juzgados de Malos Tratos. En los grandes partidos, estos juzgados funcionan perfectamente y cuentan con medios para investigar esas denuncias en exclusiva. En otros más pequeños, los jueces se ven obligados a compaginar estas denuncias con el resto de asuntos civiles y penales.