La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel para cada uno de los presuntos miembros de una trama que usaba empresas pantalla para ocultar sus beneficios en operaciones inmobiliarias en la provincia de Alicante, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Asimismo reclama una multa de medio millón de euros y el pago del dinero presuntamente defraudado. Entre los siete acusados se encuentra el que fuera director provincial de Costas en Alicante en los años 80 Fernando Patón, a quien el fiscal señala como la persona que se encargaría de obtener el dinero para realizar la operación, en la que también participaría y distribuiría el dinero en metálico obtenido. Patón estuvo investigado en su día por el llamado caso Juan Guerra en la provincia de Alicante pero esta causa quedó archivada. La imputación en esta trama societaria es ajena al cargo público que ostentó en su día.

La Agencia Tributaria les reclama 184.069 euros que habrían defraudado a través de las operaciones bajo sospecha. En la causa hay un octavo implicado que se encuentra en paradero desconocido motivo por el que nunca ha podido ser imputado formalmente.

El juicio se tenía que haber celebrado la próxima semana en un juzgado de lo Penal de Alicante, pero se ha suspendido debido a que el inspector de Hacienda que investigó los hechos está de baja y no puede testificar. El juzgado deberá ahora buscar una nueva fecha para señalar la vista oral.

Los hechos se remontan al año 2006 en que se llevó a cabo por parte de las mercantiles implicadas una operación de compraventa de una parcela en la zona industrial en la Partida Barranco de Feliu de Xixona. Sobre el papel, la finca se compró a sus propietarios por 481.314 euros por la mercantil Antártida Gestión de Suelo. Ese mismo día, las mismas fincas fueron vendidas a la entidad Espacios Urbanos de Jijona por 1.380.000 euros más 220.800 de IVA. El fiscal considera que Antártida burló al fisco al no declarar el beneficio real de la operación.

La Agencia Tributaria abrió en su día una investigación por estos hechos después de comprobar que los datos de la operación no cuadraban. Hacienda concluyó que la mercantil Antártida Gestión del Suelo declaró una base imponible que no coincidía con el beneficio real de la operación porque dicha entidad «forma parte de un grupo de sociedades controladas por los acusados que es utilizada para defraudar a la Hacienda Pública», según el escrito de acusación de la Fiscalía. El fiscal considera que dicha empresa es una «sociedad instrumental creada para eludir el pago de los impuestos». Según el escrito, con esa actuación se deducía los gastos inciertos y una cuota de IVA ficticio, sin que ingrese nada de dinero en el erario público.Operaciones simuladas

El fiscal considera que, basándose en la documentación de la causa, se puede concluir que «fue una operación mercantil de simulación preparada para interponer una sociedad que realizara una falsa intermediación, con el fin de enmascarar a los verdaderos beneficiarios de la operación y para no ingresar los tributos correspondientes al erario público».

Para afirmar que se trata de una sociedad instrumental,el fiscal se apoya en las declaraciones a Hacienda de la mercantil. En 2006, aunque Antártida presentó declaración del Impuesto de Sociedades, no lo hizo con las operaciones con terceros y «pocas» declaraciones trimestrales del IVA. También recalca que la sociedad carece de la estructura empresarial para el desempeño de su actividad, sin trabajadores a su cargo, sin domicilio fiscal conocido y sin imputaciones de gastos que permitan deducir que tiene una actividad mercantil (alquiler de oficinas, teléfono, agua, luz o gas). El fiscal sostiene que los responsables de la mercantil son personas que ostentan «la condición real de testaferros».