La Policía Nacional ha desmantelado en Torrevieja una trama de inmigración ilegal que ha facilitado la introducción ilegal de medio millar de extranjeros en el país y ha detenido a 130 personas, entre las que figuran los propietarios de 16 agencias inmobiliarias y tres funcionarios de la Oficina del Censo del Ayuntamiento torrevejense, según informó ayer la Comisaría Provincial. La trama desmantelada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante vendía a extranjeros contratos de alquiler falsos por 300 euros al mes para que pudieran empadronarse en el municipio torrevejense y solicitar a continuación la reagrupación de sus familiares.
Además de los 16 propietarios de agencias inmobiliarias y los tres funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja, entre los 130 detenidos hay 14 comisionistas, un gestor y 96 ciudadanos extranjeros. La Policía les acusa de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Los arrestos se ha realizado de forma escalonada durante meses.
La Policía inició las pesquisas hace dos años tras averiguar que unas personas afincadas en Torrevieja podrían estar realizando contratos falsos de alquiler a inmigrantes, sobre todo marroquíes residentes en la Región de Murcia. Las indagaciones de la Ucrif permitieron identificar a los responsables del entramado y descubrieron que los contratos falsos se estaban usando para empadronar a extranjeros con la finalidad de justificar que tenían vivienda a la hora de pedir la reagrupación de sus familiares.
Trámites
La Oficina de Extranjería de Alicante era donde se llevaban a cabo los trámites del proceso de reagrupación familiar y donde los extranjeros presentaba los contratos falsos de alquiler de viviendas de Torrevieja para obtener de forma fraudulenta el empadronamiento.
Según la Policía, las casas que figuraban en los contratos de alquiler falsos eran viviendas vacías que estaban a la venta en diferentes agencias inmobiliarias de Torrevieja u ocupadas por unos inquilinos que no tenían parentesco alguno con los extranjeros.
Los contratos falsos eran vendidos a cambio de 300 euros mensuales, dinero que normalmente entregaban los inmigrantes a responsables o empleados de inmobiliarias de Torrevieja o a comisionistas que actuaban de intermediarios.
Según un comunicado de la Comisaría Provincial, los agentes «corroboraron la evidente participación en los hechos de la Oficina del Censo del Ayuntamiento de Torrevieja, al haber expedido de forma negligente volantes y certificados padronales colectivos sin incluir la totalidad de las inscripciones existentes en las viviendas».
Esta información, según la Policía Nacional, fue validada luego por la Oficina de Urbanismo de Torrevieja, lo que permitió que la Oficina de Extranjería de Alicante resolviera de forma favorable los expedientes de reagrupación familiar.
Con este sistema la trama desmantelada posibilitó la introducción fraudulenta de unos 500 inmigrantes con la excusa de la reagrupación familiar.
