El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente al presidente de la sección penal de la Audiencia de Alicante con sede en Elche, José de Madaria, después de que un colega de Orihuela le grabara una conversación telefónica y denunciara ante el órgano de gobierno de los jueces que el magistrado le había presionado para que suspendiera la pena a un condenado por dos delitos de prostitución.

En el marco de este expediente, que lleva abierto varios meses, Madaria ha sido citado mañana a declarar en la sede del CGPJ, en Madrid. Desde Orihuela y por videoconferencia testificará una fiscal con la que el magistrado también habría contactado con el mismo fin de beneficiar al penado, que acabó ingresando en prisión para cumplir sendas condenas de un año y tres meses de prisión.

Madaria, quien la ultima vez que estuvo en el CGPJ fue el pasado noviembre para defender su proyecto para presidir la Audiencia de Alicante, ha declinado pronunciarse sobre este asunto antes de su comparecencia de mañana, aunque sí avanzó que tomará medidas contra quienes pretenden manchar su nombre.

Un juez de lo Penal de Orihuela denunció ante el Consejo que en otoño del año pasado Madaria se había puesto en contacto telefónico con él interesándose por la suspensión de la pena a un condenado. Dada su insistencia, el juez acabó grabando una conversación que puso en conocimiento del CGPJ al entender que se trataba de un intento de presión. Con esta denuncia, se inició una investigación que ha venido tramitando durante los últimos meses, que sigue mañana con las declaraciones de Madaria y de la fiscal y que, en el peor de los casos, de confirmarse los hechos denunciados por el juez de Orihuela, podría acabar con la expulsión de la carrera del presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial con sede en Elche.

Al igual que el juez, la fiscal, a la que sorprendió el interés en este caso del presidente de la sala penal de Elche, habría recibido varias llamadas del magistrado, quien llegó a decirle que la persona para la que pedía la suspensión de la pena había sido condenado cuando era joven y que ahora había rehecho su vida y le provocaba tristeza que ingresara en prisión.

En el caso de la fiscal, a las llamadas se sumó la visita de un letrado que aseguró que iba a verla de parte del magistrado, lo que le pareció inaudito. En una de esas comunicaciones, la fiscal le habría explicado al magistrado que había resuelto oponerse a todos los beneficios que se solicitaban para este condenado, a lo que Madaria le habría respondido que la Justicia tardía no es Justicia planteando otras posibilidades legales para evitar que ingresara en prisión, como podría ser la sustitución de la privación de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad.

El 2 de noviembre de 2016 se requirió al condenado para que entrara voluntariamente en prisión.