Las agresiones a funcionarios de las prisiones de Fontcalent y Villena se han incrementado de forma significativa y en los dos últimos meses los sindicatos han contabilizado siete casos, de ahí que ser se concentraran más de un centenar de personas en la plaza de la Montañeta de Alicante para protestar por la situación ante la Subdelegación del Gobierno y reclamar más medios personales y materiales.
La concentración, a la que se sumaron miembros de Esquerra Unida y Ciudadanos, fue convocada por los sindicatos ACAIP, UGT, CC OO y CSIF y en ella los trabajadores de las prisiones de la provincia reclamaron que sean incluidos en el protocolo de agresiones de la Administración General del Estado (AGE) y se atribuya a estos empleados penitenciarios la condición de autoridad en el desempeño de sus funciones. También reclaman una formación de calidad y medios «materiales y coercitivos» para hacer frente a los actos de violencia hacia los trabajadores.
La Junta de Personal de la AGE en Alicante ha presentado asimismo un escrito al subdelegado del Gobierno donde advierte de la «acuciante carencia de personal» en el Psiquiátrico de Fontcalent y en las dos cárceles y precisa que esas deficiencias repercuten en la falta de seguridad de los trabajadores.
Las soluciones al problema, añade el escrito dirigido al subdelegado del Gobierno, pasan por la dotación de personal a los tres centros, especialmente a los de Alicante, donde el Centro de Cumplimiento de Fontcalent tiene una tasa de vacantes del 14% y el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de un 18%. En la prisión de Villena la tasa de vacantes es del 7%. Estos porcentajes se incrementarán en breve «por la elevada edad de las plantillas, que supera con creces los 50 años de edad y que causará una reducción adicional de un 40% más de media», indica la Junta de Personal.
Por otro lado, pese a ser el colectivo de funcionarios del Estado que más agresiones sufren en su trabajo han sido excluidos del protocolo de agresiones y no están protegidos como el resto de empleados públicos. Los sindicatos también piden que la Administración se responsable civil subsidiaria de los daños sufridos por los trabajadores penitenciarios.
