Las autoridades de Polonia han accedido a la extradición de un presunto asesino que se halla preso en ese país para que pueda ser juzgado en Alicante por el crimen de la ciudadana colombiana Sandra Franco, cometido en Dénia en abril de 2010, según han informado fuentes judiciales.

Este juicio tuvo que suspenderse en enero del pasado año porque ese sospechoso, D.E., de nacionalidad polaca tenía pendiente otro proceso penal por una causa distinta en su país.

Ahora, Polonia ha confirmado que va a trasladar este mes al preso a Alicante para cumplir la orden europea de detención y entrega (Oede) cursada en su día por la Justicia española contra él.

La Audiencia Provincial ha señalado la vista, que deberá celebrarse ante un jurado popular, para mediados de marzo.

En el banquillo de los acusados se sentarán tanto D.E. como dos compatriotas suyos, J.K. y W.C.P., y el matrimonio alemán compuesto por N.C. y S.R.C.K.

La fiscalía solicita provisionalmente para ellos penas que van desde los 20 meses a los 28 años y 5 meses de prisión por delitos de asesinato, amenazas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, según el escrito de acusación.

El Ministerio Público sostiene que S.R.C.K. organizó el crimen de Sandra Franco y pagó a tres sicarios de origen polaco para que lo ejecutaran al sentirse despechada, ya que la víctima mantenía una relación con su marido, N.C.

Sobre las 13.30 horas del 15 de abril de 2010, un sicario se presentó en el domicilio de la chica, en la calle Médico Manuel Vallalta de Dénia, y la mató supuestamente de tres disparos con un arma de fuego que previamente le había facilitado la presunta inductora del asesinato.

Según la fiscalía, el presunto autor material del crimen, J.K., cobró 20.000 euros por su actuación, mientras que dos intermediarios polacos, D.E. y W.C.P., se embolsaron al menos 7.000 euros cada uno.

No obstante, la acusación pública atribuye a todos por igual un delito de asesinato y reclama para ellos penas que oscilan entre los 22 años y los 24 años y 20 meses de cárcel.

N.C., que era ajeno al plan para asesinar a su amante, se enfrenta parte a una petición de 20 meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, mientras que su mujer podría ser condenada a 28 años y 5 meses por ese mismo delito, por otro de amenazas condicionales y por asesinato.