La Fiscalía Anticorrupción ha advertido a la Audiencia de Alicante que el cierre del caso Rabasa le ha causado indefensión procesal y que la sala se ha excedido en sus competencias al archivarlo, según el recurso al que ha tenido acceso este diario. El fiscal Felipe Briones considera que el tribunal ha entrado en razones del fondo que correspondería a los jueces valorar en el momento de la sentencia y no ahora cuando quedan diligencias pendientes de practicar. Por ello, el fiscal pide la reapertura del caso y que sean llamados a declarar los directivos de la multinacional sueca Ikea. Entre ellos, se encuentran el director de expansión de Ikea, Sylvain Laval, el subdirector, Pedro Campelo y los letrados Álvaro Unamuno y Marta Sanz.

El fiscal plantea en su recurso de súplica que no entiende cómo en "actuaciones muy complejas, materializadas en miles de folios, en las que tras años de investigación y sin concluirse ésta, el instructor decida su archivo, sin practicar las diligencias propuestas por el fiscal". Una instrucción de tal envergadura no puede ser cerrada por un juez cuando es consciente de que alguna de las partes seriamente, manifiesta y acredita su voluntad de que continúe el procedimiento", plantea Briones. Así el fiscal recuerda que el juez descartó la existencia de un delito de cohecho basándose únicamente en que los investigados dijeron que habían rechazado los regalos.

El fiscal rechaza que su acusación en Rabasa se base en una idea preconcebida, sino que es "consecuente" con lo investigado hasta la fecha, Sobre la relación de amistad entre Castedo y Ortiz que, a juicio de la Audiencia no se ha acreditado con las escuchas aportadas por el Ministerio Público, Briones replica que no ha entendido preciso probar en este recurso esta estrecha relación, pero resulta "público y notorio", ha sido admitido por la propia exalcaldesa y se trasluce de decenas de pasajes del informe policial. Para el fiscal, los relevos de funcionarios revelan que se estaba haciendo "un traje a medida a Ortiz" por los máximos responsables urbanísticos y políticos del Ayuntamiento de Alicante.

Briones considera una interpretación errónea de la sala que el pelotazo de Rabasa fuera un delito imposible porque nunca llegará a aprobarse. "Aún cuando resultara de interés público para el grupo de gobierno la promoción de Ikea en Alicante, tal interés resultó condicionado por la amistad entre Ortiz y Sonia Castedo" y se "exageraron artificiosa e ilegalmente los derechos del promotor como agente urbanizador". El fiscal asegura que se procuró una confusión "artificiosa e interesada entre los negocios de Ortiz y el interés general por la instalación de Ikea".