Los investigadores de la Policía Nacional que tratan de esclarecer la muerte a tiros de María del Carmen Martínez parece que tienen claro que la víctima fue asesinada por un sicario que utilizó una pistola con silenciador y que el móvil tiene un trasfondo económico. La incógnita a resolver es quién contrató al asesino. Tras arrinconar la hipótesis del robo, la Policía centra sus pesquisas en el entorno íntimo de la víctima y en los negocios de la familia Sala en Sudamérica.
Las disputas familiares tras la muerte del expresidente de la CAM situaron en un bando a las tres hijas de María del Carmen y en el otro a su hermano con el respaldo de la madre, quien además de su participación en el grupo empresarial tenía la denominada acción de oro para ejercer el derecho de veto de cualquier operación en las sociedades que gestiona la familia. La madre cedió dicha acción en favor de su hijo en caso de fallecimiento, pero las hijas recurrieron el acuerdo y el pasado mes de noviembre el Registro Mercantil les dio la razón contra dicha modificación estatutaria. El proceso aún no está concluido pero el enfrentamiento era claro y la fallecida tenía prevista una cita con un notario una semana después de ser asesinada. La Policía trata de aclarar si estas disputas familiares han podido desencadenar el crimen o bien el origen del encargo está a miles de kilómetros de distancia, en Sudamérica. Allí la familia Sala opera con sus empresas en varios países y la Policía trata de aclarar si se ha producido alguna desavenencia empresarial que haya desembocado en el encargo de la muerte de la viuda del expresidente de la CAM. Estas son las principales hipótesis donde se centran los esfuerzos de los investigadores, pero sin descartar otras posibilidades que no han trascendido al mantener la Policía un gran hermetismo para no entorpecer la investigación.
