El administrador de una empresa propietaria de un restaurante de Alicante cuya actividad fue suspendida por el Ayuntamiento a finales de 2008 fue juzgado ayer por contaminación acústica y lesiones a dos vecinos que denunciaron el exceso de ruidos del establecimiento, hechos por los que sufrieron trastornos. La vista oral concluirá hoy en el juzgado de lo Penal número 6 de Alicante y el fiscal de Medio Ambiente, salvo que modifique sus conclusiones, solicita una pena de tres años de prisión por un delito contra el medio ambiente y sendas penas de seis meses de cárcel por dos delitos de lesiones. La acusación particular ejercida por los vecinos pedía la misma pena que la Fiscalía pero ayer retiró la petición después de que la empresa indemnizara a los denunciantes con algo más de 35.000 euros.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado era administrador de la empresa que regentaba un bar-restaurante en la avenida de la Estación de Alicante, desde que abrió en marzo de 2006 hasta que lo cerró después de suspender su actividad el Ayuntamiento el 18 de diciembre de 2008. El local del restaurante, según el ministerio público, tenía una deficiente insonorización para el ejercicio de la actividad industrial de hostelería y proyectó sobre las habitaciones de la vivienda del piso superior un nivel de ruidos un nivel de ruidos que en horario nocturno superaba ampliamente el límite permitido de 30 decibelios.
Así, la Policía Local realizó cuatro mediciones entre 2006 y 2008 que superaban el límite: 48,6 decibelios, 49, 42 y 52,01. Este exceso de ruidos -sostiene la Fiscalía- «privó del sueño y descanso nocturno a sus vecinos».
Fruto de ello una vecina sufrió un trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa y otro vecino un cuadro de insomnio de conciliación acompañado de ansiedad, según se recoge en el escrito de acusación del ministerio público. Estos trastornos se prolongaron hasta el cierre del restaurante y precisaron tratamiento médico y farmacológico.
El procesado aseguró ayer en el juicio que él no era la persona que gestionaba el restaurante, sino otra que ayer declaró como testigo en la vista oral. A petición de la defensa declaró un perito que cuestionó la validez de las mediciones efectuadas por la Policía Local.
Sanción
Además de acordar la suspensión de la actividad del restaurante, el Ayuntamiento le impuso una sanción administrativa de 2.000 euros.
Al margen de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros, la inhabilitación del acusado para trabajar durante un año en restauración y hostelería y una indemnización de 27.000 euros a la vecina y 8.100 euros al vecino por las lesiones que sufrieron.
