La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria, Valencia, Alicante, Málaga y Granada el entramado financiero de una importante red dedicada a la distribución de sustancias prohibidas en el deporte, principalmente anabolizantes, la hormona del crecimiento humano, EPO y clembuterol.

El aparato desmantelado en la denominada operación "Escudo Concordia" era utilizado por cinco grupos criminales dedicados a la distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte, cuyos beneficios eran luego introducidos en el canal legal.

Las pesquisas de los agentes han podido constatar que la organización podría haber blanqueado cerca de dos millones de euros (al menos 1.846.000 euros) procedentes de su actividad ilícita en el dopaje deportivo, según la Guardia Civil.

Durante la operación, han sido detenidas nueve personas de nacionalidad española y han sido investigadas otras trece (ocho españolas, dos brasileñas, una dominicana, una búlgara y otra inglesa).

Se han intervenido también trece vehículos de alta gama, se han bloqueado tres viviendas y varias cuentas bancarias de todos los implicados y se ha procedido a la anotación preventiva para imposibilitar la trasmisión patrimonial de una oficina de farmacia.

Las investigaciones se iniciaron a principios de 2013, después de desarrollarse la operación "Escudo" en la que fueron detenidas 78 personas y en la que se realizaron 79 registros.

En ese dispositivo se intervinieron miles de dosis de sustancias prohibidas en el deporte, principalmente anabolizantes, así como la hormona de crecimiento humano en diversas presentaciones comerciales y falsificaciones, EPO y clembuterol.

También se intervinieron un gran número de teléfonos móviles, ordenadores de sobremesa y portátiles, además de gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados.

El volcado y clonado de 133 elementos de telefonía móvil, el minucioso estudio de la documentación en papel y el análisis de los movimientos bancarios entre los años 2007 y 2012 de 151 cuentas corrientes vinculadas con los detenidos determinó finalmente la existencia de varios grupos organizados.

Estos delincuentes habrían conseguido importantes beneficios económicos a través de esta actividad ilícita en el trafico de medicamentos destinados a deportistas.

Los arrestados utilizaban personas interpuestas para la recepción y transmisión de los beneficios obtenidos de la venta de sustancias dopantes.

Estos beneficios eran introducidos en el canal legal, utilizando productos financieros titulados por terceras personas (principalmente mediante ingresos en cajero o ventanilla en cuentas bancarias, así como otras transmisiones monetarias a través de empresas de envío de dinero).

Además, el grupo transmitía la titularidad de bienes muebles (por ejemplo de vehículos de alta gama) a terceras personas, pero manteniendo en todo momento la propiedad real.

Y adquirían bienes de consumo mediante pagos en metálico.