Tres personas han sido detenidas y 14 están siendo investigadas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y falsedad documental de un entramado con sede en Madrid que estafó en nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a más de un millar de particulares y empresas, informa la Benemérita.

En la provincia de Alicante han sido 19 las empresas y particulares perjudicados por este entramado. Dentro de este territorio, Catral, Alicante, Altea y Benidorm han sido las localidades que más casos han registrado.

La operación "Ropu", que continúa abierta, se inició en febrero cuando la Guardia Civil descubrió que varios agricultores de Jumilla (Murcia) recibían llamadas telefónicas de personas que, identificándose como guardias civiles, solicitaban dinero mediante la inserción de publicidad en revistas de la Benemérita.

Algunas víctimas, aún habiendo declinado expresamente su participación en tal publicidad, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento.

La Guardia Civil situó el origen de estas prácticas delictivas en una comunidad de bienes con sede en Madrid.

Por ello se solicitó el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro que se saldó con la detención de tres personas, una de ellas el principal cabecilla de la organización, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, así como con la incautación de abundante documentación relacionada con la trama.

El análisis de los documentos ha permitido identificar a otras catorce personas, supuestos miembros de la organización delictiva, a las que se les ha instruido diligencias como investigadas.

La organización criminal ahora desmantelada se dedicaba, presuntamente, a recabar publicidad en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, haciéndose pasar por miembros de estos Cuerpos, con la finalidad de obtener anunciantes para revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales.

Entre los casos esclarecidos se encuentran víctimas que nunca recibieron la revista con la que colaboraban, otras que recibían otra distinta y otras a las que les facturaban por la inserción de publicidad en varias publicaciones, aunque solo habían autorizado su colaboración con una.

La Guardia Civil ha averiguado que alguno de los perjudicados habría recibido llamadas telefónicas en las que su interlocutor, simulando ser miembro de estos cuerpos policiales, lo coaccionó cuando se negó a colaborar.

Al menos dos sindicatos policiales se han visto perjudicados por esta actividad delictiva, al aparecer sus logos o siglas en facturas expedidas a nombre de clientes, que los ahora detenidos utilizaban sin el consentimiento de los titulares, para dar mayor credibilidad a sus operaciones.

La información obtenida en Jumilla destapó un supuesto entramado empresarial dedicado a estafar tanto a empresas como a particulares e, incluso, a organismos públicos como ayuntamientos, utilizando para ello, entre otros, el nombre de la Guardia Civil, con el objetivo de obtener ingresos económicos mediante engaño.

La Benemérita recuerda que 'Guardia Civil' es una marca registrada y que la única revista oficial editada legalmente bajo el mismo nombre es una publicación que se sustenta de los suscriptores, en ningún caso de solicitudes externas de colaboración económica.

Existen otras publicaciones relacionadas con la Guardia Civil o la Policía Nacional que emplean emblemas, logos o fotografías de ámbito profesional y que son editadas por asociaciones o sindicatos legales que, si bien no representan a estas instituciones, tratan temas de actualidad, asociacionismo profesional o temática policial.

Estas ediciones, digitales o impresas, se sufragan, en algunos casos, con la inserción de publicidad, todo lo cual se realiza en el marco legal, para lo que, generalmente, emplean la subcontrata de empresas de publicidad.

Las tres personas detenidas -de entre 22 y 50 años, residentes en Madrid- y las diligencias a 14 personas como investigadas, todas ellas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jumilla.