Tras más de 16 años de retrasos, la remodelación de los juzgados de Benalúa en Alicante se ha encontrado con un nuevo escollo: el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Alicante. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, celebraron ayer una reunión de urgencia para tratar de desbloquear la situación de la reforma estructural del edificio. Bravo reconoció ayer que el proyecto tal y como estaba planteado no iba a ser posible. A pesar de todo, ambos insistieron en que la intención de la administración local y autonómica es que el edificio pueda estar remodelado antes de dos años. En caso de que la ampliación fuera incompatible con las disposiciones municipales, Justicia se limitaría a rehabilitar el edificio para dar una sede digna a los juzgados de Alicante.

Sin embargo, el plan de protección no sólo pone restricciones a la futura reforma, sino que también prevé la supresión de las dos alas que en su día se añadieron al edificio y en las que se albergan los juzgados de Menores, los de Familía y las sedes de los Colegios de Abogados y de Procuradores. Según la ficha del catálogo publicada en la página web del Ayuntamiento, el objetivo es la eliminación de ambas zonas, aunque no se considera una actuación «urgente».

La actual sede de los juzgados de Benalúa se construyó entre los años 1897 y 1900, inicialmente concebida para ser una cárcel y en la que falleció el poeta Miguel Hernández tras la Guerra Civil española. En 1985, la antigua prisión fue remodelada para convertirse en el Palacio de Justicia. La inclusión del edificio en el catálogo de edificios protegidos ha supuesto un nuevo tropiezo para el proyecto de reforma de las instalaciones y que la Conselleria de Justicia pretendía iniciar antes de fin de este año centrándose en las dependencias de la Fiscalía.

Entre los escollos con los que se ha encontrado el proyecto, es la imposibilidad de alterar la volumetría del inmueble, así como de cubrir algunas zonas que están al aire libre como el llamado Pario de los Naranjos. El proyecto preveía una remodelación de todos los espacios para que el edificio tuviera capacidad para mayor número de juzgados;realizar excavaciones en el subsuelo para ubicar los archivos; cubrir el patio para la hacer la Fiscalía. Éstos son los escollos que se ha encontrado en Urbanismo el proyecto. Bravo aseguró que los técnicos de municipales de Urbanismo y los de la Conselleria estaban trabajando conjuntamente para ver cómo se puede acomodar la reforma con lo que marca la protección del edificio y que en el plazo de una semana podrían disponer ya de un informe para que los trabajos comiencen cuanto antes. La conseller descartó hablar de descoordinación entre administraciones y aseveró que «ambas se han limitado a hacer su trabajo».

«Si no podemos aumentar el número de unidades judiciales, buscaremos locales alternativos donde poder ubicar los juzgados que no quepan en el edificio y restauraremos la sede judicial», aseguró Bravo. La intención de la Conselleria de Justicia es que la reforma del edificio pueda estar terminada en dos años. «No queríamos tener problemas urbanísticos que nos paralizaran la obra», explicó Bravo y añadió que ya hay una partida presupuestaria para este año 2016., En cualquier caso, según la consellera, en el caso de tener que sacar juzgados fuera del edificio sería de alguna jurisdicción en bloque. «O todos los penales, o todos los de instrucción, pero los que salgan deberán ir todos juntos», señaló.

Echávarri por su parte lamentó que Alicante esté como hace 25 años con sedes judiciales dispersas por distintos puntos de la ciudad y expresó la colaboración del Ayuntamiento para resolver el problema.