La responsabilidad de los bancos por las cantidades percibidas en la compraventa de inmuebles es uno de los temas que más interés despertó ayer en el III Congreso de la Abogacía Valenciana. El presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Marín, abordó ayer el tema en Elche.
¿Cuál es la causa del problema que se avecina para el sector de la banca?
Estamos ante una consecuencia más de la crisis económica. Mientras las viviendas iban subiendo de precio era fácil que las cosas acabaran bien, pero cuando el precio de la vivienda ha empezado a bajar se ha producido el efecto contrario. El mayor problema está en las paralizaciones de promociones en las que hay muchos compradores que han entregado cantidades importantes de dinero y no tienen nada a cambio.
¿Qué dice la ley al respecto?
La ley del año 1968 se dictó como consecuencia de las estafas inmobiliarias de la época, y protege de una forma muy enérgica a los compradores de vivienda. Lo que pasa, por lo que estamos comprobando, es que el cumplimiento de esa ley ha sido muy deficiente por parte de los promotores.
¿Y ahora los responsables son los bancos?
No siempre. Lo primero que se ha puntualizado muy bien por la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que hablamos de una ley que protege a consumidores, no a especuladores. Es una ley pensada para la adquisición de la vivienda propia. El prototipo de la persona protegida es aquella que destina todos sus ahorros a la compra de la vivienda cuando todavía no está construida, con la esperanza de subrogarse a un préstamo hipotecario. La ley establecía la obligación de garantizar que, si por cualquier causa la promoción no llegaba a buen fin, la persona que ha entregado dinero pudiese recuperarlo, bien a cargo de una aseguradora o con cargo a un banco avalista.
¿Y qué es lo que ha pasado?
Lo que ha ocurrido es que muchas de esas garantías, a pesar de que la ley era muy imperativa y establecía el carácter irrenunciable de los derechos del comprador, no se cumplía. El sentido el Tribunal Supremo dice que como la ley obliga a los bancos a no aceptar ingresos a cuenta de los compradores si no es en una cuenta especial sujeta a control y garantizada mediante aval o seguro, al no haber colaborado activamente en el cumplimiento de la ley, pueden incurrir en responsabilidad.
¿Temen que se produzca avalancha de casos?
Dependerá de la zona. En la costa puede llegar a ser un problema, pero nos ha ocurrido ya con las preferentes que han llenado los juzgados de asuntos y se han resuelto.
¿Qué consejo daría a los ciudadanos?
Es importante que la ley se cumpla y sería deseable que hubiera una publicidad institucional para que los compradores no entreguen dinero a cuenta de viviendas si no tienen las garantías que la ley establece. El Estado debería publicitar el asunto a través de campañas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, que la gente sepa donde entrega su dinero y las garantías que debemos tener antes de entregarlo. Hay que pensar que la mayoría de las personas quieren acceder a una vivienda con los ahorros de toda su vida, que es una cosa muy seria.
