La Fiscalía de Alicante investigó el año pasado fraudes a la Agencia Tributaria que superaron los trece millones de euros en la provincia, según la memoria del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este diario. Los delitos por supuesto fraude fiscal en la provincia se han triplicado, incide el informe, aunque las cantidades defraudadas son similares a las del año anterior. No obstante, el fiscal incide en que la cifra podría cambiar ya que se trata de investigaciones que siguen en marcha y, por lo tanto, la cantidad final depende del resultado de las pesquisas. La memoria de la Fiscalía Alicante detecta un repunte de los delitos de carácter económico, especialmente de hechos como las estafas y los alzamientos de bienes durante el año 2015.

El incremento de las denuncias por presunto fraude fiscal ha sido notable al pasar de 9 en 2014 a un total de 25 el año siguiente, Veinticuatro fueron por defraudación tributaria y una por un supuesto fraude de subvenciones. El importe global de las cuotas supuestamente defraudadas ascendió a 13.198.067. La cantidad es muy similar a la del año 2014, que sumaba también trece millones de euros.

El presunto fraude en el cobro de las subvenciones afecta al cobro de prestaciones desde el Gobierno que tenían como objetivo el de servir de préstamo para el desarrollo de un proyecto inversor para determinar el tejido industrial de una zona de la provincia, relata el informe. El prestatario se comprometía a crear puestos de trabajo y realizar inversiones en la zona; unas inversiones que debía justificar ante el organismo competente. Al no cumplir los plazos, la Administración le revocó el préstamo y reclamó la devolución del dinero. La sociedad nunca había ejercido actividad comercial, careciendo de bienes. Únicamente disponía de dos cuentas bancarias, una de ellas era a la que se transfirió el dinero, y que fue vaciada antes de que empezara la investigación.

Desde el Ministerio Público se investigaron también dos supuestas tramas organizadas con sociedades pantalla y testaferros para la defraudación del Impuesto de Valor Añadido (IVA), alguna de ellas con actividad en varias provincias españolas. El volumen de lo que podrían haber defraudado ambos entramados supera el millón de euros. A pesar de todo, en el informe se asegura que durante el año 2015 en conjunto hubo un menor número de denuncias por presunta defraudación en la cuota de IVA.

En la memoria, la Fiscalía alerta de los problemas que genera el retraso con el que a veces llegan las denuncias de la Agencia Tributaria. La documentación se recibe en el Ministerio Público a finales de año cuando está a punto de agotarse el plazo para que los delitos prescriban. Esta situación provoca que las querellas se formulen de manera rápida y urgente. En el año 2015, se remitieron a la Fiscalía un total de cuatro denuncias con fecha del 28 de diciembre por un presunto fraude en el IVA correspondiente al año 2010 y que iban a prescribir el 30 de enero de 2016. Una situación que se recoge en el informe a fin de que se dote de más medios a la Agencia Tributaria a la hora de investigar estos delitos. En ocasiones, la denuncia se debe presentar en el juzgado deprisa y corriendo, sin ni siquiera haber identificado a las presuntas personas responsables del fraude y se alerta del riesgo de que finalmente puedan prescribir todas esas investigaciones. Es un problema del que se ha venido alertando las últimas memorias.

La memoria de la Fiscalía constata también un incremento de los delitos de carácter económico, especialmente las estafas y los alzamientos de bienes. Una delincuencia de guante blanco para tiempos de crisis. El fiscal considera «especialmente llamativo» el incremento de las insolvencias punibles, que aumentaron un 866% al pasar de tres denuncias en el 2014 a un total de 29 diligencias previas el año siguiente. También aumentaron los delitos contra el mercado y los consumidores, al haberse tramitado tres diligencias. En materia de estafas, la subida es más moderada, un 10,9 por ciento registrando 5.738 denuncias. Los delitos societarios, e cambio, se redujeron un 35% al bajar de 14 a 9.

Otro delito que ha venido de la mano de la crisis económica es el de la usurpación de vivienda, lo que se viene a llamar ocupas, que durante el año 2015 aumentaron un 27,2% con 721 diligencias previas incoadas.