En el año 2013, la familia de Fernando Muñoz pasó cerca de nueve meses concentrada frente a los juzgados y a la Audiencia de Alicante para reclamar la libertad del joven a quien consideraban encarcelado por un error judicial. La Justicia se negó a revisar el caso pero le concedió el tercer grado penitenciario al entender que concurrían circunstancias especiales en el caso. Más de dos años después, su padre ha vuelto a salir a la calle con una pancarta para reclamar un puesto de trabajo para su hijo ante el riesgo de que tenga que volver a la cárcel si pasa mucho tiempo en el paro. «Todavía le quedan seis años y medio por cumplir y la empresa sólo le está haciendo contratos temporales durante unos pocos meses», explicó a este diario Fernando Muñoz Javaloyes, padre del joven condenado.
De momento lleva más de dos semanas sentado frente a la sede de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en el Pla de la Vallonga que se encarga de la limpieza del servicio de limpieza urbana de Alicante. «Llevo más de veinte años trabajando con ellos y lo único que pido es un empleo estable para mi hijo por una cuestión de humanidad, para que no tenga que volver a entrar en prisión», aseguró. Todos los días al acabar su jornada, saca la pancarta y se concentra en silencio frente a las dependencias, tal como ya hizo en su día cuando pidió la libertad para su hijo.
El caso tuvo en su día repercusión nacional ya que Fernando había sido condenado a diez años de cárcel después de que su teléfono móvil apareciera en una cuneta junto a un bolso sustraído en una oleada de robos en la autovía. Fernando aseguró que perdió el móvil dos días antes y los otros dos procesados que fueron a prisión le exculparon durante el juicio y señalaron que no lo conocían de nada.
Fernando obtuvo el tercer grado a finales de 2013 tras haber pasado dos años en prisión cumpliendo condena y serle otorgado el tercer grado penitenciario. La propia Audiencia, aunque evitaba decir si hubo un error, judicial, sí que aseguraba que la condena había sido desproporcionada. «Él no tiene una vida normal. Puede dormir en casa y no tiene que ir a la prisión cada noche, pero a las diez de la noche ya tiene que estar allí. Tampoco puede ir de viaje y todavía le quedan seis años de condena por cumplir», aseguró el padre de Fernando.
En su día todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Alicante se solidarizaron con la causa de este joven. Sin embargo, el padre de Fernando se ha encontrado con que todos se pasan la pelota de uno a otro. «En la empresa me dicen que ellos no tienen ningún problema si en el Ayuntamiento están de acuerdo. Y en el Ayuntamiento, que es la empresa quien toma la decisión de contratarle», señala impotente. «Cualquier empresa de esta magnitud ayudaría a su empleado, pero parece que esos puestos están reservados a otras personas», aseveró. Por el momento, lo único que ha recibido son promesas, mientras pende sobre ellos el temor de que la junta de tratamiento de Fontcalent pueda revisar la situación de este joven por no contar con un trabajo estable y tenga que ir allí a dormir.
