Los mandos del cuartel de la Guardia Civil de Ibi acusados de falsear atestados y quedarse dinero de los detenidos negaron ayer los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y atribuyeron la denuncia a la animadversión que tenía hacia ellos el ochenta por ciento de la plantilla. Según manifestaron, hasta su llegada el cuartel había estado prácticamente sin mandos y «pusimos muchas normas» lo que les ganó numerosas enemistades entre sus compañeros. En el banquillo se sientan el que era el comandante del puesto a comienzos de 2010, a quien el fiscal reclama cinco años y medio de cárcel; el entonces jefe del área de investigación a quien se piden hasta quince años de prisión; y otro agente, que se enfrenta a nueve años. La fiscal les acusa de delitos de infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y apropiación indebida. En el banquillo había una cuarta acusada para la que la Fiscalía sólo pedía una multa que no ha podido ser juzgada debido a que ha fallecido recientemente. El juicio tiene varios días de duración, hasta el próximo 4 de julio.
Antes de la vista, la Fiscalía ofreció una posibilidad de pacto a los acusados con una rebaja sustancial de todas las penas, pero éstos se reafirmaron en su inocencia y no quisieron llegar a ningún acuerdo. Los acusados se mostraron indignados con las acusaciones y se presentaron como víctimas en un cuartel aquejado por una endémica falta de medios aprovechada por los denunciantes para intentar incriminarles. Entre estos denunciantes citaron a un matrimonio de agentes enfadados porque se había dispuesto a que dejaran de patrullar juntos y otro al que el comandante se negó a firmarle un certificado. Los guardias imputados están representados por los abogados José Luis Sánchez Calvo, Francisco Moreno Arranz y María del Mar Gutiérrez. La investigación se abrió tras una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que llegó a estar personada en el proceso como acusación particular pero que se retiró del mismo tras la división interna de la agrupación.
La fiscal les acusa de haberse apropiado de 300 euros intervenidos durante una operación a unos ciudadanos búlgaros. Los acusados aseguraron que hicieron comentarios sobre lo bien que vendría el dinero para arreglar goteras en el cuartel pero señalaron que fue sólo una broma. Según su versión, el dinero se metió en un sobre y su incautación no se incluyó en ningún documento porque las investigaciones determinaron que era de procedencia lícita. «Se metió en un sobre a la espera de que el propietario pasara a recogerlo, pero éste no volvió sabiendo que si lo hacía lo íbamos a detener por presentarnos documentación falsa», explicó uno de los acusados. El dinero finalmente se depositó en la cuenta del juzgado que llevaba la investigación. Los acusados aseguraron que alguien del cuartel alteró el atestado sobre la intervención.
El comandante del puesto negó haber hecho desaparecer un acta por una denuncia a un pub por consumo de drogas y que él sólo llamó la atención a los agentes porque la denuncia estaba mal puesta. Más adelante se enteró que el acta de esa aprensión se había extraviado. También rechazó haberse apropiado de una Play Station de un detenido.
