Caso Abierto - Información

Caso Abierto - Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Juicio por fraude fiscal

Las defensas de Ortiz y Rafael Galea cuestionan los métodos de Hacienda

Los letrados mantienen que se vulneraron los derechos de los acusados

Las defensas de los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea cuestionaron ayer los procedimientos de la Agencia Tributaria para investigar a los presuntos defraudadores y alegaron que se vulneraron sus derechos en el proceso por fraude fiscal que les ha llevado al banquillo. Ortiz y Galea están acusados de simular negocios en una operación de arrendamiento de suelo en la playa de San Juan para que el segundo obtuviera bonificaciones fiscales que no le correspondían.

El juzgado de lo Penal uno de Alicante celebró ayer la primera sesión de este juicio, que estaba dedicada a que las partes plantearan cuestiones previas: Posibles nulidades, presentar nuevos testigos, aportar documentación. La vista se retomará el 4 de julio con la declaración de los acusados y para entonces se habrán resuelto las peticiones de los abogados. Junto a Galea y Ortiz, se sentaban también en el banquillo Miguel Ballestar, Miguel Carratalá y Vicente Pérez Cañas. Meses atrás quedó fuera del procedimiento otro exsocio de Ortiz, Aurelio González Villarejo, por sufrir una enfermedad mental irreversible. La Fiscalía les reclama penas que suman cuatro años y medio de cárcel por delitos de fraude fiscal y falsedad documental por haber simulado en octubre de 2005 dos contratos de arrendamiento de nueve fincas rústicas en la Playa de San Juan que permitieron a los responsables de Hansa Urbana con la ayuda de las empresas de Ortiz aplicarse las cuestionadas bonificaciones fiscales.

El letrado de Rafael Galea, Javier Boix, planteó que se habían vulnerado durante la instrucción el derecho de los acusados a no autoincriminarse. «La Agencia Tributaria inicia la investigación obligando a aportar documentación, bajo la amenaza de sanciones al contribuyente. Posteriormente, esa misma documentación es la que usan para presentar la denuncia», aseguró y señaló que es un método «coercitivo». El argumento, al que se sumaron el resto de las defensas, es el que ha utilizado la Audiencia de Alicante para anular la condena a Ángel Fenoll y a otros catorce empresarios por fraude fiscal en una supuesta trama de facturas falsas en la Vega Baja. Asimismo, el letrado cuestionó el hecho de que los inspectores de Hacienda que investigaron los hechos vayan a declarar en el juicio en calidad de peritos, cuando son testigos. «Los peritos son las mismas que les están acusando», recalcó, En parecida línea se expresó su compañero, Javier Gerona, que señaló que en el único proceso en el que los peritos de Hacienda han hecho un informe favorable hacia el acusado ha sido en el caso Nóos, en alusión al papel de la Agencia Tributaria en la investigación de fraude fiscal a la Infanta Cristina.

En parecidos términos se expresó en letrado Alejandro Bas que aseguró que «no ha habido instrucción judicial. Todo el expediente se ha tramitado en el ámbito administrativo y al juzgado los funcionarios han ido a ratificar sus informes». Bas insistió en que todo el proceso es una discrepancia con Hacienda que se tendría que haber resuelto exclusivamente en el ámbito administrativo. «Galea vendió unos terrenos a Ortiz y pensó que eso le daba derecho a una deducción», recalcó y aseguró que todo este proceso era «un exceso».

Por su parte, tanto la Fiscalía como el abogado del Estado defendieron los métodos de la Agencia Tributaria para poner en marcha sus expedientes en caso de presunto fraude y la objetividad de sus peritos. «Parece como si se pretendiera que la Agencia Tributaria no pudiera investigar», señaló el fiscal, que recordó que las defensas van a traer a sus propios peritos de parte y nadie les ha cuestionado. El representante del Ministerio Público negó coacción alguna. «Si el investigado no quiere presentar documentación puede negarse a ello y afrontar la multa», dijo. Desde la Abogacía del Estado se recalcó que la Ley General Tributaria es la que está vigente en este momento «si se cuestiona, se debería presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional». Asimismo aseguró que la información obtenida eran escrituras públicas y no eran documentos reservados.

Ortiz fue el más madrugador, tras llegar al Palacio de Justicia poco después de las nueve de la mañana, una hora antes del juicio. Durante la espera a que comenzara la vista, apenas se dejó ver por los pasillos y no quiso hacer ninguna declaración tanto a la entrada como a la salida. La sede judicial estaba prácticamente desierta, en una jornada marcada por una agenda mínima de juicios, a causa de la festividad de Hogueras. Aún durante los informes se podían oir desde la calle el estallido de alguna de otra traca, así como el sonido de algún pasacalles.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats