Las cuentas de la asociación de enfermos renales Alcer, de nuevo bajo la lupa de la Justicia. La Audiencia de Alicante juzgó ayer si anteriores directivos del colectivo facturaron desorbitadas cantidades de material de oficina que no se correspondían con la realidad. En el banquillo sólo se sentó el proveedor del material, que también era vocal de Alcer, ya que el otro acusado, que fue presidente de Alcer durante aquellos años ya está fallecido. El único acusado aseguró que él se limitaba a entregar que le encargaban y que no le correspondía a él juzgar si eran pedidos desmesurados o no. El fiscal pide dos años de cárcel y cifra en casi 90.000 euros el perjuicio causado a Alcer.
La denuncia interpuesta por la directiva que entró en el año 2010 iba dirigida contra los anteriores responsables por lo que consideraban «exorbitantes» gastos en material de oficina, que además no se encontró por ningún lado. Más de 20.000 euros al año dan para mucho. Entre este material había más de mil bolígrafos Pilot al año, más de 500 gomas de borrar, y durante estos años 322.000 hojas trepadas (16.000 al año), 157.000 pegatinas, 51.000 bolsas de revistas con treinta kilos de peso. Todo este material habría sido entregado a la asociación por el acusado entre los años 2005 y 2010, sin que haya constancia de que haya estado realmente en los almacenes. «Ni en el Ministerio de Hacienda gastan tanto en papel. Nosotros sólo mandamos tres cartas al año a los socios», explicó el expresidente que presentó la denuncia Francisco Ortega. Las acusaciones sostienen que este material jamás fue entregado a la asociación, o bien el importe facturado era superior al real.
El único acusado que se sentó en el banquillo era propietario de una papelería de Elche que en el año 2003 empezó a servir material de oficina a Alcer como proveedor. «Más adelante me invitaron a trabajar con ellos, pero me dijeron que tendría que entrar en la junta», explicó, donde se incorporó como vocal. Según explicó, los pedidos se hacían por teléfono y le llamaba el personal de las oficinas. «No era costumbre trabajar con albaranes, así que me limitaba en entregar el género», dijo. El procesado defendió que él sirvió todo el material que le pidieron y que tenía todos los pagos domiciliados en su cuenta corriente, donde le llegaba todo el dinero. «Nunca había tenido ninguna reclamación, hasta que en el año 2010 en una junta empezaron a decir que había problemas con un proveedor. Luego me enteré de que era yo», declaró. El acusado se negó a responder las preguntas de la acusación particular y sólo contestó al fiscal y a su abogado.
El otro acusado ya ha fallecido y es quien fue presidente de la asociación entre los años 2005 y 2009. Éste ya fue al banquillo en la anterior denuncia presentada por la asociación y resultó absuelto en el juicio celebrado en 2013. En aquel otro pleito, la Audiencia consideraba probado la existencia de una contabilidad b en la asociación pero descartó que los directivos se hubieran apropiado del dinero. Todos los pagos en negro se usaron para abonar los salarios del personal que cobraba en negro, hasta que en el año 2005 no se reguló cómo debían ser retribuidos los empleos no declarados.
En el juicio de ayer, los magistrados se mostraron sorprendidos por el hecho de que durante todos los años investigados ningún socio pusiera reparo alguno a las cuentas que se presentaban anualmente por la directiva. Todas se aprobaron por unanimidad. Los jueces preguntaron expresamente el motivo de por qué nadie hacía constar las discrepancias con los gastos de material de oficina. Fuentes cercanas al proceso apuntaron que todos estos gastos en material eran deducibles fiscalmente ante Hacienda.
Por su parte, el abogado de la defensa, Manuel Soriano, pidió la libre absolución del procesado planteando que éste se limitó a entregar los pedidos que recibía de la asociación y que los querellantes ni siquiera habían conseguido acreditar que las cantidades de material entregadas fueran las que la directiva denunció.
