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La Fiscalía pedirá declarar complejas 3.000 causas para que no prescriban

La junta de fiscales de Alicante estudia hoy la situación de la revisión de 17.000 investigaciones

Sentencias acumuladas en las dependencias de la Fiscalía de Benalúa en Alicante. ISABEL RAMÓN

Los fiscales pedirán que más de 3.000 investigaciones judiciales abiertas en la provincia de Alicante sean declaradas complejas para evitar que prescriban. El motivo es la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece un plazo de seis meses para las investigaciones judiciales, que se puede ampliar a 18 meses en el caso de que sean declaradas de especial complejidad. Desde el mes de diciembre, los fiscales están revisando más de 17.000 casos abiertos en la provincia de Alicante y se estima que sólo llegarán al 80 por ciento cuando acabe el plazo esta semana. En abril, ya se habían revisado cerca de 10.000 en la provincia. Todas las causas que no vayan a tener tiempo de ser revisadas dentro del plazo, se pedirá que sean declaradas de especial complejidad y por tanto tener más tiempo para investigarlas y finalizarlas. Por el momento, no existen cifras oficiales de cuántas causas han sido declaradas complejas para este proceso.

Desde la Fiscalía General del Estado se ha recibido una instrucción en la que se justifica que la mera sobrecarga de trabajo de un juzgado es motivo suficiente para que una causa pueda ser considerada como compleja, con independencia de que no lo sea realmente. Hoy por la tarde en la Fiscalía está convocada una junta de fiscales para que el colectivo exponga cuáles son los principales problemas que están teniendo.

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, aseguró a este diario que se está haciendo un gran esfuerzo para revisar todo. «Los fiscales tienen orden de centrarse en esto exclusivamente, a no ser que entre algo urgente en su juzgado. El problema es que las causas siguen entrando y vamos a tener seis meses también para investigarlas», explicó. La Fiscalía General del Estado ha enviado a cuatro fiscales (dos en Alicante, uno en Torrevieja y otro en Benidorm) y un funcionario de refuerzo a la provincia durante estos meses para ayudar a la revisión de estas investigaciones, un apoyo que casi puede considerarse anecdótico para una plantilla de cien fiscales. Rabasa aseguró que en la provincia de Alicante es una de las que más causas está revisando en todo el país y se mostró optimista con la marcha de las revisiones,. Sin embargo, cada día entran nuevas causas en los juzgados y este esfuerzo en seguir revisando va a tener que mantenerse de manera indefinida en el tiempo.

«En aquellas que queden diligencias pendientes, se pedirán al juzgado para que se pueda terminar la investigación», explicó. Sin embargo, las dudas están en si van a llegar a tiempo a mirar todo. Cada día aparecen nuevas causas que llegan a la Fiscalía para ser revisadas y las cifras que manejan los juzgados y los fiscales no coinciden. Todo ello con el inconveniente añadido de que los juzgados y la Fiscalía trabajan con programas informáticos distintos. Como consecuencia de esta situación, entre las asociaciones nacionales de fiscales y de secretarios judiciales (ahora llamado letrados de la Administración de Justicia) ha habido roces, con cruces de acusaciones sobre la responsabilidad de ambos colectivos en la revisión de las causas.

Con los plazos a punto de vencer, parece que hay un criterio claro para todas aquellas que no dé tiempo ni siquiera a mirarlas: se pedirá automáticamente la declaración de causa compleja, aunque se trate de un simple robo de cartera. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en el caso de los macroprocesos por corrupción las fechas de los plazos están controladas y se pidió con antelación la declaración de causa de especial complejidad. La incógnita está en saber si habrá sustos en los juzgados de partidos judiciales pequeños, donde más de una vez ante la sobrecarga de trabajo se han tenido que ir aparcando asuntos.

Ésta es una de las situaciones que más ha preocupado a los representantes del Ministerio Público, que ha enviado a fiscales juzgado por juzgado para tratar de cerciorarse de que no aparecen causas abandonadas por los armarios. «Si en seis meses no se ha hecho ninguna diligencia y la investigación ni siquiera ha empezado, difícilmente nos van a dejar considerar la investigación como compleja», explicaron las fuentes consultadas por este diario.

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