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Investigan un intento de soborno a un testigo del crimen del alcalde de Polop

El confidente asegura que le han ofrecido 30.000 euros para tratar de que cambie el testimonio

Investigan un intento de soborno a un testigo del crimen del alcalde de Polop

Después de años de paralización, la investigación por el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda ha dado un nuevo giro. El testigo protegido que incriminó a todos los investigados ha denunciado que alguien ha intentado comprarle para que cambie su testimonio y sostiene que ha sufrido amenazas de muerte del entorno de los implicados y teme por su vida. La titular del juzgado de Instrucción número dos de La Vila Joiosa, Mari Luz Ruiz, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue los hechos y tome declaración al confidente.

Alejandro Ponsoda murió después de ser tiroteado cuando llegaba a su casa en octubre de 2007. La investigación apuntaba en todo momento a que se trataba de un crimen por encargo. Según la declaración del testigo protegido, el crimen se planificó en uno de los reservados del club de alterne Mesalina de Finestrat, donde este confidente trabajó como portero. Los imputados como presuntos inductores del crimen son el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía Juan Cano; dos de los responsables del club, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla; así como el empresario polopino Salvador Ros. Asimismo, como autores materiales del asesinato se imputó a los checos Robert Franek y Radim Rakowski junto al español Raúl Montero Trevejo. Todos ellos salieron en libertad a los pocos meses de entrar en prisión, momento en que la investigación comenzó a hacer aguas al no aparecer más pruebas que el testimonio del testigo protegido, de quien los imputados han dicho que en las fechas en las que dice que se habría celebrado la reunión para planificar el crimen ni siquiera trabajaba en el club.

La investigación se encontraba en punto muerto hasta que la semana pasada la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentó en el juzgado un informe en el que traslada la situación detectada tras las entrevistas concertadas que este grupo ha tenido con el testigo dentro de las labores para velar por su protección. Los investigadores aseguran que el confidente les ha dicho que se siente «inseguro» debido a que ha recibido amenazas del entorno de los imputados y que ha llegado a ofrecerle cerca de 30.000 euros para que cambie su testimonio. «El testigo ha expresado de forma clara el temor que éste tiene ante lo que considera una "amenaza real y posible"», alerta el informe, al tiempo que añade que éste teme «realmente por su integridad física y la seguridad de su entorno familiar cercano».

La juez ha pedido a los agentes que tomen declaración al testigo protegido por estos hechos y que después le remitan el contenido del interrogatorio. La decisión judicial ha causado estupor entre las defensas, ya que ninguno de los letrados estará presente en la entrevista y serán los agentes de la Guardia Civil los que le hagan todas las preguntas. Los abogados han puesto siempre en entredicho las acusaciones del testigo protegido a quien le han acusado de mentir, motivo por el que algunos se mantienen escépticos por estas nuevas revelaciones. Alguna de las defensas había llegado a pedir directamente su imputación al haber manifestado que le encargaron el asesinato a él, pero que no llegó a un acuerdo económico con los imputados. Los jueces que han pasado por el juzgado han denegado tajantemente estas peticiones y cualquier pretensión de investigar al testigo.

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