El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montabes, ha alertado hoy sobre la falta de medios materiales y humanos que sufre el Ministerio Público en un "momento convulso", en referencia a la cantidad y volumen de procesos, pese a lo cual considera que se hace "un buen trabajo".
Montabes, que ha presentado hoy en Les Corts la Memoria de la Fiscalía de 2014, ha insistido en que el personal de la Fiscalía en la Comunitat Valenciana es "notoriamente insuficiente", y ha citado las sedes judiciales de Gandia, Alcoy o Benalúa como las que en peores condiciones se encuentran.
"Nos faltan jueces, fiscales, juzgados, forenses, psicólogos, médicos judiciales, mucho personal auxiliar", ha reiterado el fiscal superior, que ha lamentado que hay que estar "constantemente mendigando".
En su intervención ante la Comisión de Coordinación de Les Corts, ha defendido el trabajo de los tres fiscales anticorrupción de Valencia, a quienes "no envidia", según ha reconocido, y también ha abogado por el mantenimiento del aforamiento para jueces y fiscales porque la mayoría de procesos contra aforados, según ha explicado, se dirigen contra ellos.
La Sala de lo Civil y Penal, incoó en el año 2011 un total de 31 procedimientos penales contra aforados, que aumentaron a 37 en el año 2012, a 59 en el año 2013 y que han alcanzado la cifra de 70 en el 2014; con un incremento del 18,6 %, aunque la mayoría de ellos se dirigen a jueces y fiscales, como ha aclarado Montabes.
La Fiscalía de la Comunitat únicamente abrió unas diligencias penales en 2014 por una denuncia cruzada por un delito de lesiones en el que se estuvo involucrada la diputada Elisa Díaz (PP).
Preguntado por los "juicios paralelos" en determinados procesos judiciales vinculados con supuestos casos de corrupción, Montabes ha lamentado las filtraciones: "me hago cruces, no me lo explico, se sabe todo", ha dicho.
El contenido de la Memoria de la Fiscalía fue adelantado en septiembre del año pasado, con motivo del acto de apertura del año judicial, y al igual que en aquella ocasión, el fiscal superior ha pedido al Consell que dote a las oficinas fiscales de una "dimensión adecuada a sus necesidades" para alcanzar la ratio de un funcionario por fiscal "que todavía se está muy lejos de alcanzar".
Entre otras recomendaciones, considera conveniente "modificar el reparto de trabajo en las fiscalías creándose equipos de fiscales especializados en los delitos que suelen dar lugar a procedimientos dilatados en el tiempo, casi siempre relacionados con la corrupción, que estuvieran exentos del despacho diario y pudieran dedicarse en exclusiva".
Se cita como ejemplo que en el asunto Emarsa se dotó de refuerzo a la fiscal, el juez y el secretario, lo que les permitió dedicarse en exclusiva al mismo y su instrucción ha durado poco más de año y medio.
Por el contrario, para la instrucción del caso Terra Mítica no se nombraron refuerzos y el fiscal y el juez han compaginado a lo largo del tiempo este asunto con su trabajo diario, por lo que la instrucción ha durado más de diez años.
Por otra parte, ha considerado necesario dotar a la fiscalía de peritos contables, inspectores de la Agencia Tributaria e interventores que elaboren los informes que precise el fiscal y le presten apoyo técnico.
En referencia a los despachos de la Fiscalía de la Comunitat ubicados en el Palacio de Justicia de valencia, la memoria deja constancia de que "como en cualquier departamento de la Administración de Justicia, los expedientes están sobre las mesas de los fiscales y de los funcionarios y al acabar la jornada laboral no se guardan en armarios cerrados y están a la vista".
"La única seguridad radica en que se cierra la puerta principal con llave corriente y en todo caso con paso franco para los servicios de limpieza y vigilancia. No hay máquina destructora de papel", sino que se deposita en papeleras "sin cierres y que se retiran por servicios de mantenimiento de los que se ignora su modo de operar, cómo se destruye, o quién lo controla".
También ha reivindicado de nuevo la conveniencia de conectar adecuadamente los programas Cicerone y Fortuny, la mejora de equipos informáticos e incluso la disponibilidad de dispositivos de memoria externa tipo lápices de memoria.
En el capítulo de propuestas de reformas legislativas, el fiscal jefe ha planteado la eliminación de la posibilidad de que la mujer víctima de violencia machista pueda acogerse a su derecho a no declarar.
A su juicio, este precepto estaba pensado para testigos que presenciaban un delito cometido por una persona con la que tenían determinada vinculación familiar, pero no para cuando ellos fueran las propias víctimas del delito.
