La Policía Nacional ha detenido a diez miembros de una organización criminal que se dedicaba a cometer estafas mediante falsos alquileres de viviendas vacacionales y que habría cometido al menos 180 delitos de ese tipo. Según informa la Dirección General de la Policía, los detenidos utilizaban fotografías de pisos que encontraban en Internet y las publicaban en páginas web de anuncios. Y una vez consumada la estafa, y cuando las víctimas realizaban el giro postal en concepto de reserva, mandaban a toxicómanos a retirar el dinero.

El perjuicio para las víctimas era doble: el económico por el dinero que desembolsaban y «la situación de desamparo total» en la que se encontraban al llegar al lugar de vacaciones y comprobar que no existía el apartamento alquilado y estaba completa la ocupación en esa localidad.

Fueron los propios ciberagentes quienes patrullando en Internet en el mes de julio detectaron varios anuncios en diferentes páginas web y, al compararlos con otras publicaciones, sospecharon de que podían ser falsos. En verdad eran obra de un entramado perfectamente estructurado que llevaba operando cuatro años en toda la geografía nacional y cuya actividad consistía principalmente en anunciar alquileres vacacionales inexistentes en localidades costeras como Gandía, Fuengirola o Benidorm.

En el mes de febrero publicaban falsos anuncios de apartamentos, con la intención de captar víctimas que estuvieran interesadas en su alquiler para el periodo estival. Para cometer las estafas seguían varios pasos: creaban cuentas de correo electrónico con las que registrarse en su página web, obtenían fotos de pisos en internet que publicaban en los diferentes anuncios y contrataban líneas de teléfono que facilitaban a los interesados, bien a su propio nombre o bien al de terceros, usando su DNI de manera fraudulenta. En el momento que uno de los interesados les confirmaba la reserva le solicitaban una cantidad que oscilaba entre 250 y 350 euros, que debían enviarles mediante giro postal.

Los investigadores también pudieron comprobar que los arrestados llevaban a cabo ofertas de productos de alta tecnología que cobraban de manera anticipada y que nunca llegaban a ser entregados al comprador.