Los fiscales de Alicante han calculado que deberán asistir a 4.000 comparecencias en los juzgados al año en los que su presencia no era preceptiva con anterioridad, debido a la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el ámbito del Derecho Civil.
Ésta es una de las cuestiones que han debatido los miembros de la acusación pública esta tarde en una junta provincial convocada para analizar los diferentes cambios legislativos que afectan al colectivo.
En declaraciones a los periodistas previas a la reunión, el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha expresado las dificultades con que se van a topar los acusadores públicos para cumplir dichas reformas por la falta de medios tanto personales como materiales.
Rabasa ha explicado que un total de 41 fiscales deben prestar servicio en la actualidad para 64 órganos jurisdiccionales servidos por otros tantos jueces, más once magistrados de refuerzo, en las demarcaciones de Alicante, Elda, Novelda y San Vicente del Raspeig.
"Vamos a cumplir la ley porque es nuestra obligación, pero hasta donde podamos", ha dicho, tras recordar que el colectivo no dispone de un sistema de videoconferencias que evite los traslados a las diferentes sedes judiciales para asistir a las comparecencias que a partir de ahora son obligatorias.
En esta línea, el fiscal jefe de Alicante ha insistido en la necesidad de que la plantilla de la provincia reciba un refuerzo sustancial para hacer frente a las novedades legislativas y de que el programa informático del ministerio público sea compatible con el de los juzgados y el de éstos con los de las demás autonomías que tienen transferidas las competencias de Justicia.
Igualmente, la junta ha dado cuenta de las directrices de la Fiscalía General del Estado para abordar la reforma en materia penal que fija plazos de seis meses para la instrucción de causas sencillas o de dieciocho meses prorrogables por el mismo periodo para las causas complejas.
Rabasa considera que el problema de la lentitud de la Justicia no estriba en la instrucción, sino en el colapso que retrasa la celebración de los juicios, y llama la atención de la situación límite que atraviesan algunas demarcaciones judiciales ubicadas en localidades como Novelda.
La reforma penal obligará a los fiscales a revisar a partir del próximo 6 de diciembre 17.400 diligencias previas en la provincia de Alicante para decidir si piden la apertura de juicio oral en seis meses o en dieciocho, según su complejidad.
