Doce años de prisión es lo que suman las penas solicitadas para cada uno de los hermanos Rafael y José Vicente Gregory por haber intentado ocultar el patrimonio del grupo de vehículos industriales Autisa para tratar de eludir sus responsabilidades en el concurso de acreedores que tenían abierto en el juzgado, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. El fiscal les acusa de los delitos de estafa, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, en un proceso en el que lleva al banquillo a quince acusados. Rafael Gregory es uno de los empresarios investigados en el caso Brugal y la investigación le coloca como uno de los intermediarios clave entre Ángel Fenoll y el entonces presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll en los supuestos amaños para decidir la ubicación del vertedero de la Vega Baja.
El proceso por el presunto alzamiento de bienes se enmarca dentro del enfrentamiento en los tribunales del grupo Autisa con la financiera VFS. El juzgado ha abierto varias piezas separadas por la supuesta estafa que se le imputa a los hermanos Gregory, de las que ésta es una de ellas.
El fiscal les acusa de haber exportado a Dubai entre febrero y abril de 2009 siete camiones, incumpliendo los acuerdos que tenían con VFS. Cuando la financiera anunció que iba a Autisa a revisar los camiones, los acusados habrían ordenado cambiar los números de bastidor de los camiones para ocultar el paradero de éstos. También cambiaron los números de bastidor de otros seis camiones para ocultar que los verdaderos habían sido vendidos. Los acuerdos con VFS les impedían su venta hasta que no hubieran sido pagados. El fiscal les acusa de haber falsificado la documentación de los camiones para ocultar la venta.
El fiscal considera que los dos hermanos elaboraron «un complejo plan con el que ir desprendiéndose de todo su patrimonio con el fin de evitar posteriores reclamaciones» de sus acreedores. «Para ello establecieron un entramado de empresas interpuestas» que ellos controlaban para ocultar sus bienes, a cuyo frente colocaron a personas de su confianza, argumenta el fiscal.
Así, hasta 36 camiones se transmitieron en masa desde Rent Autisa hasta una empresa adquirida de forma encubierta por los Gregory, Sermo Mar 2000 SL y a cuyo frente pusieron como administrador único a una persona de su confianza. El fiscal relata que igual táctica usaron para transmitir el material de Repuestos Atalayas a otra empresa (Tambomur SL); así como en Alicantina de Grúas y Basculantes SL a donde se transmitieron otros ocho camiones.
El ministerio público acusa a José Vicente Gregory de haber usado parecida fórmula con su vivienda, que fue objeto de sucesivas transmisiones para dejarla fuera del alcance de los acreedores. Otro tanto ocurrió con una finca de la familia en Ibi que supuestamente fue comprada por Ángel Fenoll por medio millón, una operación que el fiscal considera «ficticia». También les acusa de haber falseado el origen del dinero que pagaron para la fianza a raíz de su detención por la estafa, que presentaron como un préstamo de sus conocidos para ocultar que era suyo.
