La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, criticó la «evidente ignorancia» por parte de la Administración hacia la Justicia y le pidió que tomara «decisiones políticas» para modificar un «destino» que «históricamente» no le destina financiación.
De la Oliva hizo estas declaraciones durante su intervención en el acto de apertura del año judicial 2015-2016, que se celebró en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia y al que asistió el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, entre otras autoridades. Puig aseguró ayer que cree que la Justicia debe estar «más dotada», tener la «suficiente financiación» y la capacidad para «resolver rápidamente» los problemas de los ciudadanos, porque sin una justicia de calidad »no hay democracia».
En un discurso muy reivindicativo, de la Oliva aseguró que en Justicia hay «mucho que hacer», pero «sin medios, sin decisión, no podemos servirles. El voluntarismo sólo, no sirve» y aseguró que el esfuerzo «en una única dirección, es claramente insuficiente». «Podemos continuar lamentándonos año tras año mientras en las oficinas judiciales los casos permanecen, se acumulan, y el dolor de quienes esperan respuesta crece», afirmó la presidenta del TSJCV, quien agregó que eso sería «tan vergonzoso como lamentable».
La presidenta del TSJCV destacó durante su intervención que durante los últimos cinco años «hemos perdido año tras año presupuesto, funcionarios y jueces sustitutos» y se ha vivido un «incremento notabilísimo de asuntos en Mercantil, Social o en Primera Instancia. Como nunca antes». Según de la Oliva, en algunas jurisdicciones el incremento ha sido «más del doble» y «con menos medios y una evidente ignorancia por parte de la Administración, de todas las administraciones, de las consecuencias de ello en ese servicio, hemos tenido que hacer frente a los retos». Destacó que se han reforzado «prácticamente todos los juzgados de instrucción con causas de corrupción» en las tres provincias y «pese a las dificultades» la Justicia «sigue siendo, hoy en día, uno de los instrumentos más eficaces contra esta lacra que constituye una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad».
«La mínima colaboración de la administración en medios adicionales, discretos, precisos, esenciales, nos hubiera dado mejores resultados, Mucho mejores resultados», afirmó. Además, instó a la administración a transformar la «catarata de declaraciones y máximas dialécticas en consignaciones presupuestarias, en convocatorias de plazas de jueces y fiscales y en la puesta en marcha de servicios comunes».
Durante el acto, el fiscal superior de la Comunidad, Antonio Montabes, hizo un resumen de la Memoria de la Fiscalía de 2014 de la que destacó que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ incoó en el año 2013 un total de 59 procedimientos penales contra aforados, frente a los 70 en el 2014, lo que significa un incremento del 18%.
