La Policía ha dado por desarticuladas hasta cinco organizaciones criminales que ocultaron más de 400 millones de euros explotando clubs de alterne en toda España y que pudieron defraudar más de 117 millones a la Hacienda Pública durante cinco años, según informó ayer la Dirección General de la Policía. Hasta catorce locales en toda España, dos en la provincia de Alicante, fueron registrados durante la operación que supuso el mayor golpe a las redes de blanqueo en la prostitución. Los locales registrados en la provincia son El Castillo en El Rebolledo y el Pipos en la Vega Baja, uno de cuyos copropietarios es uno de los presuntos cabecillas de la trama. En los registros practicados en su día en la provincia se intervinieron 50.000 euros en efectivo y documentación contable.
En la investigación que han realizado conjuntamente la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se han analizado 750 cuentas bancarias; se han bloqueado 419 inmuebles, 160 vehículos, siete barcos, cuatro armas de fuego y 1,2 millones en efectivo; se han localizado 349 víctimas potenciales de redes de explotación y se detuvo a 66 personas.
Según la Dirección General de la Policía, la red habría blanqueado los beneficios a través de un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde 2010. Los clientes abonaban los servicios sexuales con tarjetas de crédito, utilizando para ello Terminales de Punto de Venta (TPV) específicos. Estos pagos incluían una comisión del 10 por ciento que posteriormente se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas cuyo titular era la sociedad guipuzcoana y en la que figuraban como apoderados de confianza personas de confianza de los clubes implicados. Estos apoderados retiraban la mayor parte del dinero, lo que dificultaba el rastreo del origen del dinero. Las operaciones se declaraban como compraventas o arrendamientos, aunque a veces se hacía por importes inferiores a los reales o simplemente no se declaraban. El dinero se blanqueaba finalmente a través de varias vías como el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles, o inversiones en otros países. Así llegaron a mover hasta seis millones en operaciones de compraventa de oro.
De las cinco redes desmanteladas, cada una tenía sus propias especifidades. Uno había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes obligándolas a pagar los impuestos ocasionados para eludir posibles responsabilidades; otros eran extremadamente violentos y obligaban a las mujeres a prostituirse con palizas y amenazas; otra traba de ocultar la relación laboral camuflando como propinas los gastos de los clientes.
