El exconcejal del Ayuntamiento de Alicante y regatista olímpico Francisco Sánchez Luna se desvinculó ayer ante el juez de la presunta trama por la que está imputado y achacó a su padre las posibles irregularidades que pueda haber denunciado la Agencia Tributaria.
Un juzgado de Alicante investiga una presunta trama para defraudar el Impuesto del Valor Añadido (IVA) y de facturas falsas en la importación de teléfonos móviles de alta gama en la que están imputados el exedil, dos de sus hermanos, su padre, todos ellos asistidos por el letrado Pedro Beltrán, y otras cinco personas más. El fraude podría ascender a cerca de cinco millones de euros mediante operaciones de compraventa de teléfonos de alta gama que se importaban principalmente del Reino Unido, pero también de Francia y Alemania y que habrían sido vendidos a ciudadanos argelinos que podrían haberlos enviado a su país ocultos a través del ferry a Orán. Durante la llegada de los clientes, que adquirían el producto bajo pedido, se llegan a vender entre veinte y cincuenta teléfonos por un valor de varios miles de euros, según aseguró ayer en su declaración uno de los imputados en el caso del presunto fraude fiscal.
El exconcejal está pendiente de la sentencia por el llamado caso de los telecentros, que fue juzgado por la Audiencia de Alicante el pasado febrero, y que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la rotulación de estas dependencias municipales durante su etapa al frente de la concejalía de Atención Urbana.
Los nueve imputados fueron citados ayer a declarar por el juez, quince meses después de la denuncia por la que se abrió el proceso y sin que ningún representante de la Fiscalía, ni de la Abogacía del Estado acudiera a los interrogatorios.
El regatista olímpico aseguró que nunca ha tenido relación con los negocios de telefonía móvil de su padre. Según aseguró, una de las sociedades implicadas en la trama se dedicaba a la gestión de un equipo de competición y fue utilizada para el negocio telefónico investigado sin que él lo supiera, ni lo consintiera. Kiko Sánchez Luna aseguró que la relación con su padre es mala y que tuvo una discusión con él en el año 2009 porque no quiso entrar a formar parte de sus negocios. En este sentido, manifestó que en el año 2009 le embargaron el 70% de su sueldo como concejal por una antigua deuda de su padre. Sobre el año 1985 dio poderes a su padre y desconocía si utilizándolos podía haberle metido en alguna de sus sociedades y acabó revocándolos hace diez años.
Por su parte, el padre del exconcejal, el empresario Salvador Sánchez Matamoros, admitió ayer ante el juez que parte de lo que se le imputaba era cierto pero no estaba de acuerdo con las cantidades totales que le acusaban haber defraudado ya que hubo muchas operaciones que fueron reales y no todo fueron facturas falsas. Según explicó tenía dos clientes y trabajaba con ellos a comisión, que oscilaba entre el 1,5 y el 3 por ciento. El empresario señaló que realizó un estudio para unificar las distintas empresas que habían utilizado sus hijos para tenerlas agrupadas en una mercantil, pero que ésta jamás llegó a funcionar. Según dijo, todas las sociedades de la familia funcionaban de manera independiente y no había unidad de actuación entre ellas.
En parecidos términos que el exconcejal se pronunció su hermano, Jacobo Sánchez Luna, que también ha sido juzgado en el caso de los telecentros. En concreto, aseguró que fue administrador de Mayorista de Móviles durante un periodo muy corto antes de 2011, debido a problemas que había tenido su padre con el banco por deudas antiguas hasta que el año citado vendió todas sus participaciones de ella. Según su versión, los ingresos que realizó en las cuentas de empresas investigados los realizó por cuenta de su padre, al no poder figurar como autorizado en las cuentas, sin conocer su origen ni las operaciones, ya que eran clientes de este último. Jacobo Sánchez Luna aseguró que dos de sus empresas que fueron creadas para hacer páginas web y estaban inactivas desde 2009 fueron reactivadas por su padre por sus necesidades y desconocía qué había hecho con ellas. Asimismo admitió que cuando su padre cerró sus tiendas le cedió un espacio en las instalaciones de su empresas en el polígono de Las Atalayas, momento en el que compartieron gastos de alquiler y a una administrativa para ahorrar costes. Ayer declaró también como imputado el socio de Jacobo, Juan Carlos Eslava y que también está acusado en el caso de los telecentros, asistido por el abogado Alejandro Baos. Eslava se desvinculó totalmente del negocio de móviles investigado y dijo que vendió hace casi nueve años algunas de las mercantiles denunciadas.
El tercer hermano, Salvador Sánchez Luna, aseguró que trabajó en la empresa de su padre como administrativo y que nunca intervino en la gestión de las mercantiles, aunque desde el año 2011 figuró como administrador para hacerle un favor.
