Un día antes de la fecha prevista para el juicio, los hermanos Rafael y José Vicente Gregory cerraron ayer una conformidad en la Fiscalía por la aceptaron una pena de meses de prisión por un fraude en la venta de un camión, informa Efe. Los exdirectivos de la mercantil Autisa se enfrentaban a penas de cuatro años de cárcel para cada uno por delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Al aceptar los acusados su responsabilidad en los hechos y haber llegado a un acuerdo con los denunciantes para la devolución del dinero, la Fiscalía les ha aplicado atenuantes por dilaciones indebidas y otra por reparación del daño.
Los hechos se remontan a septiembre de 2009, cuando Rafael y José Vicente Gregory, que eran director comercial y administrador de la mercantil Autisa Servicios S.L., concesionaria de la distribuidora Renault Trucks SA en la provincia de Alicante, vendieron el vehículo a Gasóleos Alicantinos SL y se apropiaron indebidamente de 60.000 euros.
La empresa instaló una carrocería especial en el camión y una cisterna para transportar combustible, pero no recibió la documentación necesaria para matricularlo y pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) porque el fabricante no había cobrado el dinero.
Ante los requerimientos del comprador, Autisa le entregó dos documentos falsos elaborados por ellos o por sus empleados a instancias suyas para simular que habían ingresado el importe de la venta a Renault y le habían reclamado la documentación del vehículo.
Los fueron en su día inhabilitados para desarrollar sus funciones empresariales al ser declarados culpables del concurso de acreedores de Autisa por un juez de lo Mercantil y están actualmente inmersos en diversas causas penales por estafa, falsedad documental o alzamiento de bienes, entre otros delitos. Algunos de esos procesos derivan de la «Operación Brugal». De hecho, la Fiscalía Anticorrupción considera a Rafael Gregory el principal intermediario entre el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en el caso de corrupción relacionado con el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
A pesar de aceptar sendas penas de 9 meses, los acusados no tendrán que ingresar en prisión porque los antecedentes penales firmes que constan en su historial, una condena de 1998 a dos años de cárcel por quedarse con el dinero de diez autobuses que exportaron a México, están cancelados, según fuentes de la acusación pública.
