La Fiscalía ha solicitado provisionalmente penas que suman 149 años y 6 meses de prisión para siete acusados por el tiroteo en el que se enfrentaron dos clanes familiares de etnia gitana en la Colonia Santa Isabel de San Vicente del Raspeig la noche del 7 de julio de 2013, y que se saldó con dos heridos de gravedad.
El juicio por estos hechos se celebrará en la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante a finales del próximo mes de marzo y se prolongará durante una semana, aproximadamente, al haber sido citados, solo a instancias de la acusación pública, unos 60 testigos. En su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía relata que los dos clanes, el de «Los Gallego o García» y el de «Los Wenceslao», mantenían una disputa por una deuda económica que desembocó en «una serie de amenazas mutuas», primero, y en la refriega armada con posterioridad. El día de los hechos, tres miembros del primer grupo fueron a los bloques de la Colonia Santa Isabel en busca de sus rivales con armas de fuego, pero «Los Wenceslao» y sus parientes estaban ya sobre aviso y los recibieron a tiros desde un piso y uno de los portales. En el intercambio de disparos resultaron heridos de bala dos «Gallego». En el lugar del suceso fueron recogidas 21 vainas de proyectiles correspondientes a tres armas distintas. Solo dos de esas armas fueron localizadas con posterioridad. La operación policial se saldó ese mes con la detención de 21 personas en Alicante, San Vicente y Orihuela pertenecientes a ambos clanes. Los investigadores concluyeron que el tiroteo estaba relacionado con una deuda de 500 euros derivada del tráfico de drogas.
El fiscal del caso reclama inicialmente penas de 24 años de cárcel para el primer clan por tres delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas. Por su parte, tres integrantes del «Los Wenceslao» se enfrentan a una condena de hasta 25 años de prisión por los mismos delitos y un cuarto acusado de esta familia a 2 años y medio de cárcel por tenencia ilícita de armas. Además, el fiscal pide una indemnización de 41.500 euros para los dos heridos de bala, cerca de 180.000 para el Insalud por la atención sanitaria a esos heridos y unos 1.500 euros por los daños que causaron los disparos en las fachadas.
