La asociación de perjudicados por la presunta estafa de Riviera estafa de Riviera ha solicitado penas que suman hasta 190 años de prisión para la cúpula de la mercantil, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario y que se ha presentado ante la Audiencia Nacional. Los afectados imputan a cinco directivos de la empresa, entre los que se encuentra el empresario y presidente de ésta Roch Tabarot, dos delitos continuados de apropiación indebida, otros dos de estafa y uno de insolvencia punible, por los que se piden 38 años a cada uno. Los otros imputados son el consejero delegado, Francisco Fernández; el gerente, José Antonio Quesada Cordón; el director financiero, Luis César Dávalos Coronati; y la abogada Sonsoles Sánchez. Además se considera a la esposa de Tabarot, Ann Michelle Devert, responsable a título lucrativo. Las indemnizaciones solicitadas suman cuatro millones y medio de euros. El juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está el juez Santiago Pedraz, prácticamente ha terminado la investigación y ha emplazado a las partes para que vayan presentando sus escritos de acusación.
La empresa ofrecía inversiones inmobiliarias en las que el cliente compraba viviendas a un precio inferior al de mercado. Este inmueble era realquilado garantizando al inversor una rentabilidad del 6% durante diez años. El grupo era el que se encargaba de gestionar la explotación de los inmuebles que se iban a alquilar a estudiantes universitarios y personas de la tercera edad. Sin embargo, en 2008 la empresa acabó presentando concurso de acreedores, dejando a centenares de inversores y proveedores sin posibilidad de cobrar.
En el escrito de acusación presentado por los perjudicados ante la Audiencia Nacional se responsabiliza a los acusados de haber vaciado patrimonialmente a la empresa. Desde que se declararon beneficios de tres millones y medio de euros a la presentación de un concurso de acreedores, transcurrieron tan sólo 21 días. Para estos hechos se basaron en la sentencia por la que se resolvía el concurso de acreedores de la empresa y por la que comenzó la liquidación de Riviera. Los perjudicados inciden en que al mismo tiempo que se empezaron a producir los impagos a los perjudicados la junta general de Riviera se repartió el 30 de junio de 2008 dividendos por valor de tres millones de euros. Asimismo en febrero de ese año se transfirieron 7,5 millones de euros a la mercantil Riviera Invest Marroc para inversiones inmobiliarias en Marruecos. Asimismo, el 12 de septiembre de 2008, Riviera Coast Invest tenía 7,9 millones de euros que correspondían a préstamos a socios y disposiciones de efectivo.
Los perjudicados recuerdan en su escrito de acusación que Riviera asumió una «serie de gastos suntuarios absurdos», como aviones privados, vehículos de alta gama, altas rentas para viviendas particulares, el alquiler en Madrid de 1.500 metros cuadrados de oficinas a 55.000 euros al mes, pese a disponer en Alicante de una sede social de siete plantas de las que sólo se usaban dos. Estos hechos agravaron la situación de insolvencia de la mercantil.
Según expone el abogado de los damnificados al juez, un total de 304 adquirieron inmuebles que se abonaron en su totalidad libres de cargas, pero los responsables de Riviera jamás cancelaron estas cargas hipotecarias y destinaron el dinero entregado a otros fines distintos para los que se entregó. Una vez presentado el concurso de acreedores, los compradores se encontraron con que si querían seguir conservando esos inmuebles tenían que volver a pagar el dinero de la hipoteca. Los perjudicados cifran en 8,8 millones de euros el detrimento patrimonial.
Los perjudicados sostienen que los administradores de Riviera jamás tuvieron intención de pagar la renta del 6 por ciento anual del valor del inmueble. «La intención era exclusivamente la venta de los inmuebles» y el pago de las rentas era un engaño para atraer a los inversores. Finalizados los 1.095 apartamentos en el complejo Jardines del Edén en Alicante se dejaron de pagar las rentas. En San Vicente se explotaron 350 habitaciones de la residencia universitaria Ulyss y quedaban por construir otras 507.
El escrito relata también que se realizaron contratos privados de compraventa de habitaciones en residencias en Murcia, Granada y Almería. A la firma de cada contrato, por los que Riviera recibió tres millones de euros, pero al rescindirlos la empresa les pagó con pagarés sin fondos.
