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Xàbia

La Audiencia falla que funcionarios del catastro colaboraron en una estafa

El tribunal dice que la trama contó con la colaboración interna de personas de la oficina

La Audiencia falla que funcionarios del catastro colaboraron en una estafa

La Audiencia de Alicante ha fallado que funcionarios del catastro colaboraron en una estafa inmobiliaria en Xàbia, sin embargo considera que no hay pruebas para condenar al único de los empleados públicos de esta oficina que se sentó en el banquillo por estos hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los implicados en la trama aprovechaban sus contactos en la oficina pública para ponerse parcelas a su nombre y venderlas a terceras personas en unos hechos que se remontan al año 2000. El juicio se celebró con sólo dos acusados al haber fallecido los principales cerebros de la trama. Tan sólo se condena a uno de ellos, que tuvo un papel de cómplice, aunque al ser el único condenado deberá pagar él solo los más de 100.000 euros de indemnización a los perjudicados. El otro imputado era el único funcionario de la gerencia del catastro en Alicante acusado, que estaba defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, y ha quedado absuelto. La Audiencia dice que la trama contó con la «imprescindible» colaboración de algún empleado, pero no hay pruebas suficientes para concluir que ese funcionario fuera el acusado. En este sentido, apunta a que hubo una «flagrante falta de control existente, organizativo y de acceso» en la base de datos del catastroflagrante falta de control .

La investigación apuntaba a la existencia de una trama con contactos dentro de la oficina pública que se dedicaba a ponerse a su nombre diversas fincas para venderlas después a terceras personas y de espaldas a los verdaderos propietarios, hechos que declara probados la sentencia. Una vez que lograban una certificación catastral de la finca a su nombre, iban al notario para que les levantara acta. Mediante este método, consiguieron ponerse a su nombre tres parcelas en la urbanización Trencall de Xàbia que vendieron después a otra mercantil, que pensaba que los adquiría a los dueños. Los compradores fueron denunciados por los verdaderos propietarios. En diciembre del año 2002 se volvió a hacer otro intento con tres parcelas más en la urbanización Balcón de Xàbia, pero esta vez se encontraron con que el notario conocía a los verdaderos propietarios de las fincas.

Certificaciones falsas

Aunque antes del juicio la Audiencia dejó fuera del procedimiento a otros tres funcionarios del catastro y descartó que el Estado tuviera responsabilidad civil en estos hechos, la sentencia establece que la trama contaba con la colaboración interna de alguien que les permitía obtener certificaciones falsas tras manipular la base de datos, y que ese colaborador les informaba con la antelación de la marcha del expediente. El fallo dice que todo responde a «una ideación delictiva perfectamente diseñada» y que la existencia de esos colaboradores era algo «imprescindible».

La sentencia recuerda que en una de las operaciones bajo sospecha se usó la clave de otra funcionaria que nunca llegó a estar imputada porque el juzgado dio por supuesto que otros compañeros del catastro pudieron usar sus datos para llevar a cabo las operaciones irregulares. «No se acaba de comprender muy bien por qué en un caso se considera un indicio incriminador del suficiente peso como para imputarle la actuación, y en el otro (...) no se consideró de igual manera», razona la sentencia. La Audiencia señala que en aquella época el sistema informático se estaba mejorando y accedía a la red numeroso personal contratado y diversos ayuntamientos trabajando en la actualización del sistema. También incide en que, una vez introducida la clave de acceso, «el acceso era ininterrumpido, aunque el funcionario se marchara o no estuviera utilizando el punto de acceso, es decir, no se bloqueaba periódicamente, como sí sucede en la actualidad». Los magistrados han valorado además que en el juicio no se logró establecer relación alguna entre los miembros de la trama y el funcionario imputado.

En cuanto al cómplice condenado, la sala le impone una multa de seis meses con una cuota diaria de 18 euros (3.240 euros) por un delito de estafa impropia. Al ser el único condenado, al haber fallecido el resto, el tribunal le impone el tener que indemnizar a la empresa que adquirió los terrenos a la trama. Este acusado acudió al notario como testigo para declarar que los terrenos eran de uno de los acusados. La sala considera probado que éste era perfecto conocedor de la trama.

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