La Audiencia Provincial de Alicante juzgará la próxima semana si hubo funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro implicados en una presunta estafa por la venta de unas parcelas en Xàbia. La Fiscalía implica en la trama a un funcionario, pero las acusaciones particulares sostienen que hay otros trabajadores también implicados en la supuesta trama.

Los hechos se remontan al año 2000 cuando el presunto cerebro de la estafa empezó a ponerse a su nombre varias parcelas en Xàbia, logrando que se modificara la situación catastral de las fincas y que luego se vendieran a otras personas ajenas a la trama. Este procesado llegó a presentar ante el notario a varios testigos que aseguraban que las parcelas eran del acusado desde hacía varios años. Los hechos se descubrieron cuando fueron denunciados por los legítimos propietarios de esos terrenos. Asimismo, un notario se negó a levantar un acta de notoriedad en otra supuesta apropiación de parcelas al desconfiar porque creía conocer personalmente a los auténticos propietarios de las fincas.

El juicio estuvo señalado en noviembre del año pasado, pero tuvo que suspenderse por la enfermedad de uno de los acusados. La Audiencia volverá a intentar sentar en el banquillo la próxima semana a los implicados. El presunto cerebro de la trama se enfrenta a una pena de seis años de prisión por los delitos de estafa y falsedad documental. Por su parte, el fiscal pide para el funcionario del catastro imputado la pena de cinco años de prisión por falsedad en documento público, así como su inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo en la actividad pública durante el mismo periodo. Para los dos testigos que supuestamente mintieron ante el notario sobre la propiedad de estas parcelas se piden otros siete meses de cárcel para cada uno al considerarles cómplices de la estafa. En los hechos hubo un quinto implicado, también considerado como otro de los cabecillas, que no podrá ser juzgado por haber fallecido.

El fiscal considera que los dos supuestos cerebros de la trama modificaron en julio del año 2000 connivencia con funcionarios del Catastro la situación catastral de tres fincas en la Urbanización Trencall de Xàbia, de modo que el principal acusado aparecía como su propietario. En esta operación, los funcionarios del catastro no han podido ser identificados para la Fiscalía. Las parcelas fueron vendidas el 17 de noviembre por otra empresa ajena a los hechos, que las vendió a otro particular por 36.060 euros y que tuvo que desembolsar otros 132.250 euros en reformas. Los propietarios reales de ese suelo demandaron a los compradores. Posteriormente, en diciembre de ese año, los acusados se pusieron a su nombre otras tres parcelas más en la Urbanización Balcón de Xàbia en colaboración con el funcionario imputado. Esta operación no se llegó a consumar por las sospechas del notario.