El juez de Primera Instancia número 7 de Alicante ha ordenado a la gestora de las instalaciones cinematográficas Ciudad de la Luz, Aguamarga Gestión de Estudios S.L., que desaloje el complejo y que deje «libre, vacuas y expeditas las intalaciones cinematográficas propiedad de Ciudad de la Luz». Añade el magistrado que si no lo hace en un plazo de 15 días, una comisióin judicial se verá obligada a proceder al desalojo de la gestora.
Así lo refleja un auto del magistrado a través del cual se ejecuta, con carácter provisional, la sentencia que ganó el Consell en los juzgados hace ahora justo un año y a través de la cual el juez declaró extinguida la relación laboral entre Ciudad de la Luz y Aguamarga y obligaba a esta última a pagar a la empresa pública más de un millón de euros.
Se trata de un nuevo paso judicial en la guerra que mantienen en los tribunales la empresa pública Ciudad de la Luz -que quería deshacerse de la gestora de los estudios cinematográficos- y la pelea de esta última por mantenerse en el complejo y trabajar por lo que consideraba estipulado en el contrato. El juez consideró en el fallo que la relación contractual entre las dos empresas estaba ya extinguida y que esa rescisión contractual tenía como consecuencia la salida de Aguamarga del complejo y el pago de 1,2 millones de euros.
El Consell, a través del despacho de abogados Garrigues, recurrió a la Audiencia Provincial de Alicante para pedir la ejecución de la sentencia ya que el magistrado de Primera Instancia mostró sus dudas al respecto ya que Aguamarga había recurrido la sentencia. La Audiencia respaldó a Ciudad de la Luz y avaló la legalidad de la ejecución provisional del fallo. Con el aval del tribunal provincial, Ciudad de la Luz solicitó al juez de Primera Isntancia que ejecutara la sentencia. Y así lo ha hecho. El magistrado ha ordenado a la gestora que se vaya en ejecución provisional de la sentencia dictada ahora hace un año.
Nada se dice de los 1,2 millones de euros que Aguamarga tiene que pagar a Ciudad de la Luz ya que esta deuda se tramita en el concurso de acreedores de la empresa gestora y sigue su propio curso judicial.
La orden de desalojo de Aguamarga posibilita la recuperación oficial del Consell de las instalaciones cinematográficas. Aún así, Aguamarga tiene 5 días para recurrir el auto que le obliga a irse.
