Enrique Ortiz ha ganado su primera batalla penal en los tribunales. El juzgado de lo Penal número 3 de Alicante ha absuelto al empresario y a tres de sus trabajadores de un delito de tenencia ilícita de armas del que estaban acusados después de que la Policía Nacional hallara durante los registros que hicieron estallar la operación Brugal, en julio de 2010, un revólver en la caja fuerte de las oficinas centrales del grupo Cívica, propiedad del conocido constructor alicantino.
A lo largo de siete páginas y media, el magistrado Alfonso Díez argumenta la absolución del empresario y dos de sus directivos en que no quedó acreditado durante el juicio oral que conocieran previamente que había un arma en el interior de la caja fuerte, «ni que tuvieran la disponibilidad material de la misma».
También defiende el magistrado que el delito de tenencia ilícita de armas ha prescrito en el caso del extrabajador de Cívica Vicente Ferrándiz, actualmente jubilado, quien se autoinculpó asumiendo la propiedad del arma. Ferrándiz se declaró propietario del revólver, modelo Smith and Wesson de calibre 38, que fue hallado en la caja fuerte e incautado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional. Sostuvo en la vista oral que un tío político suyo (su tío Fred) fue quien le regaló el revólver antes de su fallecimiento debido a la afición que Ferrándiz tenía a las armas, aunque no tuviera la licencia para poder usarla. Por ese motivo, y para no tener el revólver en su casa, lo guardó en la caja fuerte de Cívica, según explicó. A partir de ahí dijo que se olvidó del arma después de abandonar Cívica en 2003.
Resolución rápida
La sentencia, hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y contra la que cabe recurso, fue notificada a las partes a la vez y ha sido dictada con una rapidez inusual: una semana después de celebrarse el juicio, que tuvo lugar el pasado día 10 en una sesión que se prolongó desde las 12 hasta las 16:50 horas de manera prácticamente ininterrumpida.
El juez recoge en su hilo conductor todos los argumentos desplegados por las defensas -representadas por Francisco Ruiz Marco y Alejandro Bas, ambos del mismo despacho- y pone de manifiesto la falta de pruebas por parte de la Fiscalía para sostener su acusación, por la que pedía un año y seis meses de cárcel para cada uno de los imputados.
Al margen de Ferrándiz, tampoco queda acreditado, remarca el juez, que el resto de acusados tuvieran el arma disponible para cuando así lo quisieran, ya que la declaración de la secretaria de Ortiz desmiente este extremo al afirmar que era ella quien tenía la llave de la caja fuerte. Si bien la secretaria dijo que el único que nunca le pidió la llave fue Ortiz, sí indicó que se la dejaba a los otros dos directivos, ya que seguían en Cívica y guardaban documentación en la caja. Indica el juez que era lógico que no vieran la pistola ya que ésta se encontraba dentro de un sobre en la balda inferior de la caja cuando ellos siempre usaban las dos de arriba.
El fallo apunta que la Fiscalía no probó sus acusaciones cuando era a quien correspondía hacerlo. Según el escrito del fiscal, todos los directivos que se sentaron en el banquillo eran conocedores del arma y una de las pruebas en las que se intentaba sostener la acusación era que la caja fuerte se hallaba en un cuarto «contiguo» a sus despachos, algo que la sentencia desmonta en base a las declaraciones que éstos realizaron sobre un plano de las oficinas que las defensas llevaron a la sala.
Se trata de la primera sentencia derivada del caso Brugal, ya que el arma se halló en uno de los registros a Ortiz por la investigación del Plan Zonal de las basuras de Orihuela.
«Habla por sí misma»
El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, declinó hacer declaraciones y solamente apuntó que la sentencia «habla por sí misma».
